Condenaron a 26 personas por integrar ocho asociaciones ilícitas de prestamistas usureros

Un total de 18 hombres y ocho mujeres fueron condenados por integrar ocho asociaciones ilícitas dedicadas a la usura y al cobro extorsivo de créditos en la capital provincial. Así fue resuelto por los jueces Sandra Valenti y Rodolfo Mingarini en juicios abreviados que se desarrollaron este fin de semana en los Tribunales de Santa Fe.

De estas 26 personas, a 25 les impusieron penas de tres años de prisión mientras que a la restante, una mujer considerada jefa de una de las organizaciones, se la condenó a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad domiciliaria.

Además, los condenados acordaron el pago de 30.542.410 pesos y 46.664 dólares. Los voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que 29.195.500 pesos corresponden a multas; mientras 1.346.910 pesos y 46.664 dólares son por donaciones que recibirán instituciones y organizaciones sociales.

Por otra parte, se les secuestraron cuatro autos y dos camionetas. Además, alrededor de 42 teléfonos celulares; tres computadoras; siete tablets; cinco máquinas de contar dinero y cuatro armas de fuego.

La modalidad

La investigación se conoció en diciembre pasado y estuvo a cargo de las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 del MPA.

En este expediente hubo 45 imputados, de las cuales 26 fueron condenadas por integrar una asociación ilícita este fin de semana en juicios donde se abreviados los procedimientos, detallaron los voceros de la Fiscalía de Santa Fe.  Otros diez ya fueron condenados mientras que nueve aún continúan siendo investigados, enumeraron las fuentes.

En tal sentido, las funcionarias explicaron que los 18 hombres y las ocho mujeres “integraban ocho grupos criminales cuyos nombres de fantasía eran Prestamás; CiPres; CrediYa; Créditos Santa Fe; Prestocash; Belle Maison; El Sol y Prestaldía. Todas eran de carácter permanente, estable y organizada”.

Con respecto a la metodología, las fiscales reconstruyeron que, aprovechándose de la necesidad, ligereza o inexperiencia de las víctimas les otorgaban préstamos de dinero y les hacían prometer el pago de intereses evidentemente desproporcionados y de carácter extorsivo.

Según la causa, los blancos de estas asociaciones ilícitas eran generalmente propietarios de pequeños comercios, a los que les cobraban cuotas diarias o semanales con tasa de interés e intereses por mora notoriamente desproporcionadas con el dinero otorgado y superior a la tasa de mercado, sostuvieron.

Por otra parte, las fiscales del MPA describieron que “las víctimas eran obligadas al pago de las cuotas mediante el hostigamiento diario, visitas constantes de cobradores a sus viviendas o el envío de mensajes de texto o Whatsapp a la persona que había pedido el dinero (o a sus familiares directos). Siempre usaban violencia física y verbal, amenazas realizadas de forma personal o telefónica, exhibición de armas de fuego para amenazar y el desapoderamiento de bienes muebles de las víctimas”.

En ese sentido se conoció que las presiones eran tan violentas que en el expediente quedaron registrados dos suicidios vinculados a las amenazas y extorsiones de las bandas. Como prueba, hay dos cartas escritas por sendas víctimas antes de quitarse la vida, las cuales fueron claves para la investigación.

Los roles

En relación a los condenados, Jiménez y Urquiza precisaron que “a ocho de ellos se les impusieron penas por ser jefes; a seis por ser organizadores y a los 12 restantes por ser miembros”.

También aclararon que “en algunos casos, la pena se redujo a tres años de prisión a raíz de que se aplicó el instituto de colaboración (conocida bajo la figura del arrepentido) previsto en el Código Penal, por el cual los condenados aportaron información precisa, comprobable y verosímil para el esclarecimiento de los hechos”.

Asimismo, las fiscales informaron que “las penas impuestas a todos los condenados también fueron por la coautoría del delito de usura” y agregaron que “en cinco casos, se impusieron penas por los delitos de amenazas; coacciones; coacciones agravadas; amenazas coactivas; y tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal”.

Condenados

Las personas que fueron investigadas por el MPA y que resultaron condenadas son: Manuel Ceferino Alfonso (43 años); Pablo Miguel Alfonso (39); Emiliano Oscar Ardiles (29); Andrea Fabiana Bonifetto (51); Julio Cáceres (30); Sebastián Caporizzo (32); Oscar Marcelo Carranza (25); Adrián Alfredo Contestabile (42); Carlos Exequiel Emeri (24); Lisandro Ángel Espíndola (21); Jorge Sebastián Gauchat (24); Gabriela Greco (29); Leonardo Greco (27); Macarena Itatí Greco (24); Sofía Soledad Hilvees (36); Andrés Mammarelli (28); César Martínez (21); Sabrina Soledad Martínez (25); Sofía Andrea Massi (26); Noelia Zaira Rodino (31); Damián Sosa (22); Federico Sosa (38); Diego Quiroz (30); Jonatan Adrián Rodríguez Ferreyra (34); Alejandro Saccavino (40) y Ayelén Yoana Schirman (23).

Otros investigados

Otras 10 personas ya fueron condenadas en el marco de la misma investigación. Se trata de:  Florencia Cáceres (22); Leonardo Barrientos (27); Franco Acevedo (23); José Aguirre (39); Marcelo González (20); José Del Barco (27); Brian Hilbe (28); Romina Astudillo (35); Walter (27) y Nicolás Forconi (40)

Además, hay siete hombres y dos mujeres que ya fueron imputados y continúan siendo investigados.