Contra la Constitución, Mendoza prohíbe a migrantes participar de concursos docentes

En Mendoza, las y los trabajadores de la educación que no tienen ciudadanía argentina no podrán inscribirse a concursos para titularizar horas, acceder a suplencias, a más horas o a traslados. Esto se debe a las resoluciones 456 (de febrero) y 2518 (de junio), dictadas por la Dirección General de Escuelas de esa provincia. Las mismas se basan en el Estatuto Docente de Mendoza de 1984. Si bien dicho estatuto fue redactado en la década del 80, hasta el momento —en sintonía con la Constitución Nacional y con la Ley Nacional de Migrantes— el requisito de la nacionalidad no se había aplicado. Por esa razón, las personas migrantes que hoy se ven afectadas trabajan desde hace años en el sistema educativo mendocino. Y ven peligrar sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales.

Ruth Mamancayo es oriunda de Bolivia y vive en el departamento Lavalle. A sus cuatro años sus papás migraron a Argentina. Trabaja como preceptora en el sistema educativo de Mendoza desde hace cuatro años. Además, estudia la carrera de Formación Docente en un instituto privado.

Relata que se enteró hace un mes de que no podrá titularizar sus horas en el próximo llamado a concurso, a través de compañeras suyas que estaban viviendo situaciones similares. Son trabajadoras migrantes, algunas de ellas hicieron toda su escolaridad en este país pero no tienen la ciudadanía argentina sino que tienen la residencia permanente. El trámite para la ciudadanía puede llevar desde uno a diez años, según les informaron.

La falta de información con anticipación por parte del gobierno de Mendoza generó que deban iniciar un trámite que lleva más tiempo que el período para inscribirse y contar con este requisito. “Somos 27 docentes que nos vemos excluidas en el nivel primario y secundario”, comenta Mamancayo a El Ciudadano. “Aquel estudiante que se encuentra con carpeta de antecedentes para presentarse a un llamado, o en mi caso, que se me termina la suplencia y me quiero presentar a un llamado con todos los papeles, no se me permite”, agrega.

También relata que hay docentes que están a uno o dos años de poder jubilarse y que tendrán que jubilarse con las pocas horas que lograron titularizar en otros concursos. No les dan la opción de que seguir sumando horas para poder jubilarse en mejores condiciones.

«Si bien se nos permite inscribirnos, después se nos rechaza por más que quedamos en primera instancia para optar, porque no cumplimos con ese requisito», explica. Asegura que, sin embargo, en 2022 sí pudo ingresar al sistema educativo sin este inconveniente.

Este lunes hubo una reunión convocada por la Agrupación Ámbar 23 de Mayo, organización interna del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza. En el encuentro se planteó llamar a una nueva instancia para convocar a los sectores afectados: suplentes, titulares, personas que pronto van a jubilarse y estudiantes. También invitarán a la Universidad Nacional de Cuyo. En el encuentro dejaron en claro que la medida es inconstitucional. Continuarán el reclamo ante la situación de discriminación por las vías legales.

Inconstitucional

“Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino (…)”. Así dice el Preámbulo de la Constitución Nacional, norma suprema del país. No se trata de un simple prefacio, sino que establece los lineamientos jurídicos de la Constitución.

Sin embargo, las políticas del actual gobierno nacional (como la reforma a Ley de Migraciones) o el caso del sistema educativo mendocino contradicen esta normativa.

“Somos docentes que hicimos la primaria, la secundaria y la formación correspondiente para ejercer la docencia. Y por más que tengas la residencia permanente, tenés que solicitar la ciudadanía argentina. Es un trámite que no se da de un mes a otro”, cuestiona Mamancayo. Y comenta que, además, solicitan partidas de nacimiento apostilladas. En el caso de personas nacidas en Estados Unidos, por ejemplo, pero que son residentes permanentes de Argentina, implica un costo imposible viajar hacia ese país para realizar el trámite. Y un abogado, actualmente, está cobrando hasta tres millones de pesos por el trámite. 

K.R. es docente de Educación Física. Nació en Estados Unidos y prefiere no dar su nombre completo para evitar los comentarios de odio que ya lee en las redes sociales hacia las personas migrantes. Hizo la educación primaria, secundaria y terciaria en la provincia cuyana. Trabaja en escuelas secundarias de Mendoza hace más de 18 años y pudo titularizar 12 horas en 2022. “En todos estos años no tuve inconvenientes con mi nacionalidad o por ser extranjera, ni para titularizar ni para tomar suplencias. Ahora de repente sí es un requisito ser argentino, cuando antes no era una condición para poder trabajar”, cuestiona.  

Agrega: “No fuimos avisados de esta situación, o advertidos, como para arrancar el trámite de la ciudadanía con tiempo. Ese trámite demora mucho tiempo, más de un año con suerte. O se corre el riesgo de que no la otorguen por esta fobia repentina a los extranjeros”.

Katia Vaz es psicóloga social y trabaja en las escuelas secundarias mendocinas, en los servicios de orientación y dando clases en un espacio curricular de la modalidad de humanidades. Cuenta con la residencia permanente y está radicada en esa provincia desde 2007. Relata que, con esa situación migratoria, pudo participar de los llamados a suplencias, algo que ahora no puede realizar. Al igual que Mamancayo, se enteró del nuevo requisito a través de otras colegas.

Expresa: “Hace diez años que trabajo como suplente, me parece que ya es hora de acceder al derecho de tener horas titulares. Con esta nueva exigencia, personas como yo quedamos sin posibilidad de acceder”.

Incertidumbre y pérdida de derechos

Vaz pone de relieve cómo la nueva resolución genera precariedad en cuanto a la continuidad laboral. En su caso, su suplencia está vacante. Si alguien se presenta, ella pierde esas horas y por ende su trabajo, sin posibilidad de concursar.

Hace hincapié, como psicóloga social, en el impacto subjetivo y emocional que esta situación produce. “Reina una sensación de incertidumbre, de vulnerabilidad y de pérdida de derechos. Es como si el gobierno nos estuviera diciendo: ‘Ustedes tenían derecho a esto, pero ahora no lo tienen más’”.

Si bien desde el sindicato prestan asesoramiento jurídico para estos casos, las respuestas son individuales. “Y nosotras entendemos que también hay una parte que tiene que ser colectiva y desde ahí el sindicato debería tener un posicionamiento respecto a esto y hacerlo público, que todos los compañeros se enteren lo que nos está pasando”, sostiene.

Respecto al contexto que permite estos retrocesos, reflexiona: “Es un tema de por dónde viene el ajuste. Con esto lo que logran es que un montón de nosotros no podamos participar y quedemos afuera. En vez de generar más escuelas y más cargos para poder abordar a toda la población, lo que hacen es recortar. Y el ajuste siempre pasa por los trabajadores”.

Consultada sobre la política nacional respecto a las personas migrantes, considera: “Hay una intencionalidad de construir un discurso a nivel de la sociedad y de la imagen pública de que son los migrantes los que vienen a sacar el trabajo a los argentinos, que vienen a ocupar lugares de argentinos y demás. Pero la mayoría de nosotros vivimos acá hace muchísimos años. No es que no queremos ser ciudadanos argentinos, queremos poder ejercer nuestros derechos en tanto y cuanto podamos resolver esta exigencia que ellos nos piden”.

Y concluye: “Como docentes y como profesionales en el sistema educativo hemos aportado muchísimo a lo largo de todos estos años. Hemos hecho mucho por nuestras comunidades educativas y esto es un ninguneo a nuestra vocación y a nuestra profesión”.