Un decreto que autoriza la reasignación de 57 mil millones de pesos generó duras críticas del peronismo al Ejecutivo santafesino. La Casa Gris sostiene que el dinero no sale de la obra social y que se aplicó el mismo criterio que en gestiones anteriores
Un decreto emitido por el gobernador Maximiliano Pullaro encendió la polémica política en la provincia de Santa Fe tras autorizar la transferencia de 57 mil millones de pesos desde las arcas del Iapos —la obra social de los empleados públicos santafesinos— hacia la categoría de «recursos de libre disponibilidad» de la administración central. La medida derivó en un duro cruce entre legisladores de la oposición y voceros del Ejecutivo provincial sobre el destino y la transparencia en el uso de los aportes de los afiliados.
Desde la oposición, el diputado provincial Miguel Rabbia (PJ) presentó un pedido de informes para solicitar explicaciones formales sobre la modificación presupuestaria. El legislador sostuvo que el decreto afecta directamente al Servicio Complementario, un régimen de cobertura adicional financiado con el aporte voluntario de los trabajadores sobre sus sueldos. Según denunció, estos recursos son desviados para cubrir el gasto corriente de la provincia mediante una transferencia cuya restitución quedó condicionada a la disponibilidad financiera futura, sin plazos ni garantías concretas. Rabbia solicitó la suspensión inmediata del descuento por este concepto y la devolución de las sumas excedentes a los empleados públicos.
A los cuestionamientos se sumó el diputado nacional Germán Martínez, quien criticó la decisión a través de sus redes sociales. Martínez remarcó la contradicción que representa la medida frente a la pérdida de calidad en las prestaciones y el cobro creciente de copagos en toda la provincia. Asimismo, señaló que, mientras el Ejecutivo provincial rechaza en el Congreso nacional el uso de los Adelantos al Tesoro del Banco Central, en Santa Fe recurre a los fondos de la obra social estatal con un fin idéntico.
Frente a las acusaciones, desde el Gobierno provincial salieron a desmentir que el dinero se derive al Tesoro provincial o a rentas generales. Fuentes oficiales aclararon que se trata de una readecuación interna de partidas presupuestarias dentro del propio Iapos —un movimiento técnico de la fuente 201 a la fuente 216— orientada a agilizar la cancelación de pagos de la cobertura médica. Según explicaron desde la Casa Gris, los recursos permanecen integrados a la estructura de la obra social y no se destinan a otras áreas del Estado. Además, remarcaron que este tipo de reasignaciones administrativas constituyen un mecanismo habitual y fueron utilizadas por administraciones previas, incluidas las de los exgobernadores Omar Perotti y Miguel Lifschitz.
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