Cooperativas, TIC y la tan mentada igualdad ante la ley

Las cooperativas argentinas vinculadas a las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) comenzaron el año 2023 siendo el único actor del sector que cumple sostenidamente los límites tarifarios dispuestos por el Gobierno Nacional según expresa el decreto 690/2020), incluso a pesar de los perjuicios que ello genera en la situación económico-financiera de cada cooperativa por el desfasaje entre los valores autorizados y los costos crecientes por la inflación y los insumos dolarizados.

Reclamo Cooperativo

En ese contexto, en representación de más de 400 cooperativas prestadoras de Internet, cable y telefonía, Fedecoba (Federación de Cooperativas de Buenos Aires), Catel (Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones) y Colsecor (Cooperativa de Provisión de Servicios Comunitarios de Radiodifusión), hicieron un fuerte reclamo de “medidas urgentes” que destraben las restricciones a bienes y servicios esenciales para la conectividad de las ciudades y pueblos donde brindan servicio a centenares de miles de argentinos y argentinas.

Comunicado conjunto

En ese comunicado conjunto las cooperativas del sector manifestaron que “somos conscientes de las restricciones macroeconómicas y cambiarias que llevaron a reformular las licencias automáticas de importación y de giros de pagos en divisas extranjeras. Pero desde los últimos meses del 2022, se han paralizado las posibilidades de acceder al equipamiento, los insumos y servicios necesarios para las comunicaciones”.

Y agregan: “Internet es un servicio esencial, y estamos plenamente involucrados en las políticas públicas para que llegue con calidad a cada rincón del país -como los Programas Conectividad y Barrios Populares del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)- que articulan virtuosamente la vital inversión pública y la reinversión de nuestros recursos en redes de fibra óptica-.

Para cumplir con este servicio insustituible solicitamos al Poder Ejecutivo que autorice la compra de insumos y servicios básicos para Internet a través de los sistemas Sira (Sistema de Importaciones de la República Argentina) y Sirase (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior).
Es preciso recordar que ambos son instrumentos que (deberían) facilitan el intercambio de información con los organismos externos que participan en el desendeudamiento de las mercaderías y adhieran a la “Ventanilla Única de comercio Exterior Argentino” (Vucea).

Valor y precio

Es de destacar que en cuanto a la regulación de precios, Catel, Colsecor y Fedecoba calificaron de insuficiente el reciente aumento.

En este sentido, las entidades cooperativas, desde la puesta en marcha del decreto 690 hasta noviembre de 2022 acumularon más de un 70 por ciento de pérdida en la facturación frente a la inflación.
Pero además, tampoco contempla regulación asimétrica respecto de prestadores que desconocen por vía judicial las tarifas de referencia.

Los pequeños prestadores TIC, al no disponer de la economía de escala de los grandes prestadores de orden nacional o global, realizan un alto esfuerzo para dar Internet de calidad, con serios problemas para sostener precios razonables.
“Como prestadores de servicios públicos, fuertemente arraigados en los territorios, hemos desarrollado una gestión comprometida con los sectores más perjudicados de la sociedad en la Pandemia. Con responsabilidad se han materializado reinversiones en tendidos de fibra óptica, plataformas digitales potencian-do la mano de obra local”, expresa el reciente documento.

Y agrega: “Solicitamos respuestas positivas del Estado Nacional en las áreas de Economía, Comercio y Fomento TIC que posibiliten mejorar el servicio que merece nuestra población”.

Distinta vara

Sin embargo no todos cumplen con la ley. Es de dominio público que el mayor proveedor de estos servicios en el país, el Grupo Clarín, desobedeció aquel decreto (690/2020) y acudió, como de costumbre, al aparato judicial en donde gran cantidad de jueces siempre están dispuestos a actuar como sus abogados defensores, y obtuvo una cautelar a medida de sus pretensiones.

Así las cosas el gigante mediático viene aumentando sin ningún freno las tarifas de sus empresas de internet, telefonía celular y televisión por cable, por lo general por encima de la evolución inflacionaria, beneficiándose a expensas de los usuarios y usuarias.

“En cambio las cooperativas, respetuosas de la medida oficial, ven perder ingresos por-que las actualizaciones tarifarias dispuestas por el gobierno se han retrasado con respecto al aumento del costo de vida”, señala el documento.

Solicitada

Pero no es el único motivo de queja de las entidades solidarias.
Ante la usencia de respuestas, en una solicitada que suscribieron Fedecoba, Catel y Colsecor, posterior al documento, retoman el reclamo, ahora en estado público, al gobierno Nacional para que actualice las restricciones que obstaculizan la importación de equipamiento, insumos y servicios cruciales para mantener la calidad de las prestaciones.

“En esta materia también se han producido incontables irregularidades toleradas, y hasta fomentadas, por jueces amigos de las grandes empresas. Mediante la concesión de medidas cautelares han permitido a muchos empresarios sortear las restricciones oficiales para importar en forma abusiva productos suntuarios y de ningún modo imprescindibles para el funcionamiento de la industria local”, señala el texto.

“Otra vez, las cooperativas al actuar en forma respetuosa de las disposiciones gubernamentales y no abusar de los resquicios reglamentarios, o de favores indecorosos de jueces venales, se privan de obtener ventajas que sí benefician a quienes accionan por afuera de esos límites demarcados por la conducta leal y la buena fe”, remarca contundente el reclamo.

Como sea, Lo que no se advierte, curiosamente, es que la llamada «legalidad» no es un muro impermeable, con lo cual, la ley, no siempre es respetada por todos los actores de la vida económica. Poder real que le llaman.