Las personas se encontraban en situación migratoria regular. Sin mediar explicaciones, fueron subidas a un colectivo y echadas de la provincia jujeña hacia, se presume, la ciudad de Buenos Aires. El mandatario le cobrará los test de detección de coronavirus a quienes quieran entrar a la provincia
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, decidió expulsar de la provincia a 62 migrantes que se encontraban en una situación regular y habían cumplido las medidas de aislamiento. Además, advirtió que todo aquel que quiera ingresar al territorio jujeño tendrá que hacerse el test rápido de coronavirus aunque lo tendrá que pagar de su bolsillo.
«Nos estamos preparando para que Jujuy tenga una capacidad de miles de tests. El que entre lo va a pagar y ese fondo va a ir a una cuenta que va a servir para comprar más», sostuvo el mandatario radical al encabezar la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura jujeña, que por la emergencia sanitaria se realizó de manera virtual y con una reducida presencia de diputados.
En ese marco, el referente de la UCR advirtió que «siguen entrando jujeños que estaban en otros lugares, como Mendoza y Brasil». «La situación no está resuelta en Jujuy y menos en el país. Sólo estamos ganando tiempo para contar con un sistema médico con capacidades suficientes», remarcó Morales.
Tres organizaciones de derechos humanos (Andhes, Cels y Caref) denunciaron que el gobierno jujeño decidió echar de la provincia y trasladar compulsiva e intempestivamente a 62 migrantes de países latinoamericanos que se encontraban en Jujuy.
Algunas de esas personas, que estaban cumpliendo las medidas de aislamiento en un hotel y en un comedor, en La Quiaca y San Salvador, buscaban radicarse en la provincia y otras estaban en tránsito cuando se cerró la frontera.
Sin mediar explicaciones, el miércoles por la mañana las subieron a un colectivo y las expulsaron de la provincia, se presume que con destino final a la ciudad de Buenos Aires.
“La orden es ilegal e irregular”, remarcaron las organizaciones en el habeas corpus presentado donde plantean la situación como privación ilegal de la libertad. Sostienen que obligaron a estas personas a trasladarse por rutas, atravesando siete provincias, para llegar al principal foco de la pandemia en el país.
En el grupo había ciudadanos de Perú, Venezuela y Colombia; incluso algunos formaban parte de programas de asistencia humanitaria del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), la Agencia Adventista de Desarrollo y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), que incluyen alojamiento y alimentación. Cuando fueron obligados a subir al colectivo, ni siquiera les dieron un kit de cuidado e higiene.
La Justicia, a través del juez federal Eduardo Hansen, desestimó la presentación. Según su interpretación, ninguna de las personas afectadas son oriundas de Jujuy. Es por ello que las organizaciones trabajan para presentar la apelación correspondiente.
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