El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, le trasladará la propuesta procurador general Eduardo Casal
El gobierno nacional creará una fiscalía especial para investigar la corrupción de funcionarios públicos. Así lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.
El funcionario reveló que el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, le trasladará la propuesta al procurador general Eduardo Casal y especificó además que la fiscalía investigará, en las situaciones en los que se requiera, «en casos de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados».
“El ministro de Justicia sugerirá la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente a los que contemplan la figura de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados”, sostuvo en la previa a la rueda de preguntas con periodistas acreditados.
En la misma línea, Adorni especificó: “Incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del poder ejecutivo como legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito”.
De esta forma, la Justicia pondrá la lupa en funcionarios a nivel nacional, provincial y del poder legislativo que estén involucrados en hechos de corrupción con intención de “recuperar todos los bienes que sean producto del delito”.
Una fuente del gobierno aclaró ante la agencia NA que la intención es devolver el valor de lo confiscado a la sociedad y que surgió a modo de mensaje a los gobernadores para torcer el “poroteo” en el Congreso.
“Ir con buenas intenciones en algunos sectores no da resultado, te tenés que poner en hijo de puta”, subrayó una fuente de gobierno presente en el intercambio al tiempo que aclaró que se trata de un “claro mensaje a los gobernadores para que presionen a sus diputados para que voten”.
En la administración libertaria insisten en que el déficit cero no es negociable, por eso «la Justicia se va a encargar de investigar a funcionarios nacionales, provinciales y del poder legislativo y de alguna manera devolverle a la gente”, insistió.
En sintonía, durante el intercambio que se extendió durante una hora y media, se lo escuchó al ministro de Economía, Luis Caputo, advertir que “si esta ley no llega a buen puerto se va a seguir ajustando el gasto público de todas las maneras alternativas que haya, incluyendo las partidas que se asignan a las provincias».
La intención del gobierno es “socializar con los gobernadores el costo de la ley” si los cambios económicos que la administración apunta a aplicar no pasan el filtro del Parlamento.
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