Crimen del casino: según fiscales, punta de iceberg de un entramado de corrupción política y judicial

El contador Enrique José Ensino, que trabajaba como gerente bancario y tenía 64 años, fue asesinado la noche del 11 de enero de 2020 cuando salió a fumar a una terraza del Casino City Center. El hombre recibió un disparo en la cabeza, daño colateral de un ataque extorsivo a la empresa de juegos por el que están acusados integrantes de la banda Los Monos. Ese es el núcleo del juicio que comenzó este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario pero, de acuerdo a lo que expresaron los fiscales del caso en una conferencia de prensa previa, un hecho sangriento que permitó indagar una amplia trama de corrupción judicial y política ligada al juego clandestino y a organizaciones criminales que, además del negocio de narcomenudeo, obtienen ganancias del cobro de protección mafiosa y ofrecen su estuctura violenta como servicio a terceros.

El fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery aseguró que la investigación del caso tiene al asesinato de Ensino como «uno de los hechos salientes», pero también permitió dilucidar «una serie de extorsiones» a otros comercios en la ciudad y «dio origen a la investigación sobre corrupción política y judicial en la provincia de Santa Fe» que tiene como involucrados, especificó, a integrantes del Poder Judicial y a un senador provincial. La referencia fue, y lo explicitó el encargado de la acusación junto a su par Luis Schiappa Pietra, al destituido fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, ya condenado y que será, adelantó, testigo en este juicio, al también relevado jefe regional de fiscales Patricio Serjal y al senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri.

Edery destacó que esa trama de corrupción y violencia ligada al juego clandestino ya fue parcialmente develada en su vinculación judicial, con la condena de Ponce Asahad y del empleado Nelson Ugolini y con el proceso en las puertas de un juicio contra Serjal. Agregó que la salida a la luz de las ramificaciones políticas está por el momento frenada y «a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» sobre los fueros parlamentarios de Traferri, tema sobre el que hubo numerosas idas, vueltas y cruces entre Poderes provinciales.

El tribunal que lleva adelante el juicio iniciado este jueves está compuesto por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Benítez. Los acusados son el líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, los integrantes de la banda Maximiliano “Cachete” Díaz, Carlos Damián “Toro” Escobar y Otniel De León «Dominicano» Almonte, más Rodrigo Ortigala por la serie de extorsiones que la Fiscalía intentará probar.

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery ratificaron que para Cantero –preso y que suma condenas por más de 100 años– pediran una pena de 22 años de cárcel y menores para los otros sentados en el banquillo: entre los 18 y los 22 años.

Parte de las evidencias que los fiscales debatirán en el juicio se fundan en escuchas telefónicas en las que Cachete Díaz habla con Guille Cantero, quien se sirve de un teléfono fijo de la prisión de Marcos Paz, y con Toro Escobar, preso en el penal de Ezeiza.