Jueces federales dictaron nuevas medidas restrictivas contra prestanombres y empresas, mientras la Justicia avanza con operativos sobre la financiera ligada a “Chiqui” Tapia y 17 clubes de fútbol. Congelamiento de cuentas por una mansión
La Justicia Federal intensificó las acciones en las investigaciones sobre presunto lavado de activos que involucran a la cúpula de la AFA y maniobras financieras.
Por un lado, el juez Luis Armella ordenó este miércoles nueve nuevos operativos sobre domicilios y cajas de seguridad de Sur Finanzas, la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia.
En paralelo, el juez Daniel Rafecas prohibió salir del país, inhibió bienes y congeló cuentas bancarias a los presuntos testaferros de la mansión de Pilar, Luciano Pantano, Ana Conte y la firma Real Central SRL.
Los allanamientos ordenados por Armella son un paso siguiente a la ola de 17 allanamientos realizados el martes en diversos clubes de fútbol, incluyendo a Racing, San Lorenzo, Independiente, Banfield y Barracas Central. Las medidas judiciales buscan profundizar el análisis de la documentación secuestrada y determinar el rol de las instituciones en el circuito investigado por la fiscal Cecilia Incardona.
Los nueve operativos se concentraron en domicilios de Sur Finanzas y otras empresas presuntamente vinculadas a la firma liderada por el financista Ariel Vallejo.
El juez también ordenó procedimientos sobre las cajas de seguridad que la financiera posee en distintos bancos. La investigación se centra en si Sur Finanzas operó como vehículo para blanquear dinero negro a través de acuerdos con clubes con dificultades económicas.
Según el expediente, la maniobra se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados, donde clubes que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas. La diferencia entre el préstamo real y la cifra firmada regresaría a la financiera para ser luego distribuida.
El foco judicial se extendió más allá de los clubes y las instituciones financieras. La investigación también detectó un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas ligadas a Sur Finanzas.
Informes de la DGI describieron a estos contribuyentes como “apócrifos” debido a que sus declaraciones no guardan relación con los montos que operaron. Los movimientos detectados incluyen “decenas de miles de millones de pesos” en transferencias virtuales y operaciones millonarias en efectivo asociadas directamente a la financiera investigada. Como medida de resguardo, la Justicia también dispuso embargos preventivos para preservar bienes de Ariel Vallejo y su entorno directo.
En una causa paralela, el juez Daniel Rafecas avanzó con medidas cautelares contra los supuestos dueños de la mansión de lujo en Villa Rosa, Pilar, valuada en millones y vinculada a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Las restricciones de bienes y circulación alcanzan a Luciano Pantano, su madre Ana Conte y la empresa Real Central SRL. El objeto procesal se encuadraría bajo la figura penal de lavado de activos.
El magistrado fundamentó las medidas tras recibir información fiscal de la DGI que corroboró que Ana Lucía Conte, una jubilada que recibió subsidios sociales durante la pandemia, no posee los ingresos suficientes para justificar los bienes a su nombre o su participación societaria en la firma. La empresa Real Central SRL, titular de la propiedad, figura también a nombre de al menos 59 vehículos, muchos de ellos de alta gama y de colección.
Los peritos tasadores serán designados en los próximos días para avanzar en la valuación de la propiedad. Mientras tanto, la Policía Federal mantiene custodia en los tres accesos del predio, por orden del juez Rafecas. La Sala I de la Cámara Federal porteña deberá definir ahora quién toma la causa de manera definitiva.
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