Se trata de la causa por la que el ex ministro de Planificación sufrió su desafuero en Diputados. La investigación se centró en una supuesta maniobra defraudatoria por fondos que debían destinarse a la reconversión del Yacimiento Carbonífero. El magistrado a cargo rechazó el pedido de sobreseimiento
Foto: NA
El juez federal Luis Rodriguez envió este lunes a juicio oral al ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, a su ex mano derecha Roberto Baratta y otros 17 procesados por presunta defraudación en los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Se trata de la investigación que derivó en el desafuero a De Vido en la Cámara de Diputados y su inmediata detención en octubre de 2017, por orden de la Cámara Federal porteña.
El magistrado realizó un cierre parcial de la investigación y envió a sorteo de un Tribunal Oral a 19 procesados por supuesta «defraudación por administración fraudulenta», entre ellos De Vido, Baratta, el ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, y el intendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna.
«Entiendo que no existe elemento probatorio o argumental alguno que permita modificar la situación procesal de los imputados», sostuvo Rodríguez al rechazar pedidos para dictar el sobreseimiento a De Vido, Baratta y otros acusados.
Las defensas argumentaron que falta terminar una pericia contable pero el juez informó que se ordenó a los peritos la entrega de la misma para el próximo 30 de septiembre.
La investigación se centró en una supuesta maniobra defraudatoria «cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado nacional, concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal» que debían destinarse a la reconversión del Yacimiento Carbonífero y habrían sido desviados. Esto ocurrió a través de un convenio firmado con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y la «Fundación Facultad Regional Santa Cruz».
«Ello en connivencia con funcionarios y empleados públicos del Ministerio de Planificación, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la Facultad Regional Santa Cruz, y los fundadores, directivos y empleados de la referida Fundación», sostuvo el juez.
A través de esa maniobra, «se celebraron convenios por un monto total de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y seis millones cuatrocientos mil ($4.866.400.000), de los que se facturaron pesos mil trescientos setenta y nueve millones novecientos veintitrés mil novecientos cuarenta y nueve ($ 1.379.923.949)», detalló el juez en base a un informe de la Sindicatura General de la Nación.
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