Debate en la Legislatura por la Seguridad: la reforma penal suma objeciones y cruces con la Justicia

El debate por el ambicioso paquete de reformas en materia de seguridad pública impulsado por el Poder Ejecutivo provincial dio sus primeros pasos formales en la Legislatura de Santa Fe, exponiendo desde el inicio un marcado contrapunto entre los poderes del Estado. En un plenario unificado de las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, los legisladores recibieron a las máximas referencias de la Justicia: integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio Público de la Defensa y los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El eje de la controversia radica en la orientación del proyecto. Mientras la gestión de Maximiliano Pullaro busca dotar a la policía de herramientas más severas para agilizar la actuación en la vía pública, las autoridades judiciales encendieron las alarmas por el riesgo inconstitucional que implica ceder atribuciones clave a las fuerzas de seguridad.

Entre los puntos más polemizados de la reforma de leyes provinciales se destacan la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial previa, la toma de declaraciones sin la presencia inmediata de abogados defensores, modificaciones sustanciales a la Ley de Inteligencia y la reestructuración del sistema de recompensas para que pueda operar con mayor autonomía sin requerir la solicitud explícita de los fiscales.

Durante el encuentro, el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta remarcó la importancia de resguardar el sistema acusatorio y el rol ineludible de los jueces. El magistrado recordó que la investigación penal corresponde a los fiscales, pero advirtió que toda medida que implique restringir derechos fundamentales exige un control jurisdiccional estricto. En ese sentido, señaló que delegar facultades a la policía o atribuir poderes jurisdiccionales a los fiscales colisiona con la Constitución provincial y con los estándares internacionales.

En la misma línea, desde el máximo tribunal cuestionaron la oportunidad y necesidad de una reforma de tinte extremo cuando los índices de seguridad vienen mostrando mejoras sostenidas. Erbetta destacó que, desde la implementación del sistema acusatorio, la tasa de encierro se triplicó en Santa Fe, postura reforzada por el ministro Roberto Falistocco, quien reclamó que las modificaciones legislativas se apoyen en datos y estadísticas precisas.

A pesar de las diferencias procesales, el plenario permitió vislumbrar coincidencias. La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Lionella Cattalini, resaltó el clima respetuoso del diálogo y la voluntad común de proteger la calidad institucional de la provincia. Asimismo, confirmó que existe consenso unánime para avanzar en un programa específico enfocado en combatir el mercado ilícito de celulares robados y en la creación de un cuerpo especial de defensa para asistir jurídicamente a los policías involucrados en episodios violentos.

El recorrido legislativo continuará en las próximas semanas. Las comisiones lideradas por Martín Rosúa (Seguridad) y Lionella Cattalini (Asuntos Constitucionales) convocarán a un nuevo plenario para escuchar los aportes de los colegios de abogados de la provincia, penalistas y asociaciones de víctimas. Hacia el mes de noviembre, los bloques que integran el frente Unidos buscarán consensuar la redacción final, que perfila cambios estructurales antes de llegar al recinto para su votación.