Defender lo público: consideraciones sobre el Sistema de Protección Integral de Niños y Niñas

Por Comisión Directiva y Tribunal de Ética del Colegio de Trabajo Social 

Desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de la 2ª Circunscripción de Santa Fe, queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante la situación actual del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Santa Fe. Consideramos que el conjunto de políticas públicas e instituciones que conforman dicho sistema atraviesan una profunda crisis estructural. Esto se refleja en los continuos y sistemáticos incumplimientos en sus funciones, cuya finalidad es garantizar los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA). Nos preocupa que este sistema aún responda a una lógica tutelar que no reconoce plenamente que los derechos de los NNyA son Derechos Humanos. En este contexto, aunque es doloroso tener que repetirlo, debemos recordar que estes gozan de protección especial debido a que se refieren a una población en crecimiento y desarrollo, a diferencia de les adultes. 

Las intervenciones fragmentadas de los organismos de niñez vulneran los derechos y revictimizan a las niñeces y a las familias que deben recibir asistencia del Estado para garantizar su responsabilidad de cuidado y crianza. Asistimos a un cierre de gestión donde observamos desidia y abandono de NNyA sobre los que habría que intervenir urgentemente con decisiones responsables y competentes. Frecuentemente, los equipos del primer nivel intervienen en situaciones complejas para luego quedar en una nebulosa sin definiciones ni abordajes que reparen o restituyan los derechos vulnerados. 

En muchos casos, NNyA permanecen en sus centros de vida a pesar de las comprobadas circunstancias que ponen en riesgo su integridad psicofísica, o ingresan a hospitales para ser asistidos y luego quedan internados sin respuestas efectivas. Por ejemplo, varios hospitales de la región han tenido que alojarles durante períodos más largos de lo necesario para su proyecto terapéutico, en lugar de estar en centros residenciales o familias solidarias. Consideramos que estos efectores de salud no deberían ser nunca el ámbito donde niñas, niños y adolescentes transiten sus vidas por largos períodos de tiempo. Para evitar esto, la Ley Nº 12.967 prevé la aplicación de Medidas de Protección que demandan un despliegue de recursos y articulaciones a cargo de la autoridad de aplicación, sin concretar las llamadas Medidas de Protección Integrales y Excepcionales, ni el trabajo que prevé la misma ley. 

Si seguimos profundizando, el deterioro del Sistema de Protección también genera prácticas vulneratorias en el interior de los centros residenciales, tanto dependiente de la Secretaría de Niñez, como conveniadas con una ONG. En algunos casos, se han observado espacios con lógicas violentas que han llegado a reproducir prácticas similares a las de sus propies victimaries: maltratos, rechazos y abusos. Es inadmisible que estos centros que deberían velar por sus derechos se transformen en ámbitos violentos. Por otra parte, insistimos en que les cuidadores deben ser formades para proteger y acompañar el crecimiento de les NNyA, para abordar situaciones graves como el abuso y el abandono por parte de seres queridos. A esto

se le suma el deterioro de las condiciones edilicias de las residencias y, que desde el 2009, año en que se sanciona la Ley, no se han creado hogares públicos estatales; y, el único que se comenzó a gestionar desde el Estado, debió cerrarse recientemente debido a graves denuncias de maltratos cometidos allí. 

Como Colectivo Profesional, asistimos al reemplazo del derecho de “escucha del niño” que direcciona las posibilidades y necesidades de la intervención por una hiper-burocratización que borra su historia personal: se priorizan los expedientes e informes. Todes sabemos que estos mecanismos no son suficientes para poner en acción la reversión de esa vulneración que motivó la escucha en primer lugar. 

Todo lo anteriormente mencionado es sumamente grave y se vuelve desesperante cuando hasta el momento no hemos escuchado a ningún candidate a gobernador/a expresarse sobre el tema de las niñeces y su realidad actual. No hemos escuchado propuestas ni proyectos concretos que propongan un plan de trabajo y proyectos que a corto y mediano plazo modifiquen el actual estado de situación. En el debate, solo se pudieron escuchar vaguedades discursivas sin conocimientos fundamentados sobre el estado en el que se encuentra la Secretaría y sus distintas reparticiones. Además, existe un desconocimiento del trabajo que les profesionales realizan con responsabilidad y compromiso, asumiendo en muchas ocasiones tareas que, al ser comunicadas al siguiente nivel de la Secretaría, no se ejecutan ni se les da continuidad debido a la falta de recursos para hacerlas efectivas, como camas, traslados, asistencia económica y más. 

En este punto, no solo revictimizan directamente a las personas que deberían proteger, sino que también desconocen los derechos laborales de les trabajadores que integran los Servicios Locales de Protección y los equipos y dispositivos dependientes de la Secretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Estes profesionales, técnicos y trabajadores que intervienen día a día en la promoción, garantía y restitución de derechos se ven imposibilitados de reclamar y acceder a sus propios derechos que resultan nulos en términos de estabilidad laboral, ingresos dignos y recursos para su trabajo. 

Es evidente que les NNyA no son una prioridad en ninguna agenda gubernamental debido a la insuficiencia del presupuesto destinado a políticas públicas que les reconozcan como sujetes de derechos. Éticamente no podemos dejar pasar la gravedad de la derechización de los discursos políticos que proponen que el problema es el Estado. Como Colectivo Profesional queremos enfatizar que la respuesta nunca va a ser menos Estado, sino más y mejores políticas sociales de salud, educación, hábitat, etc. En especial, para nuestras niñeces y adolescencias vulneradas que, hoy en día en Argentina, representan aproximadamente el 9 millones de personas.