El Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi) decidió el estado de alerta y movilización y reafirmó su "inquebrantable compromiso con la defensa de los derechos laborales y la estabilidad del empleo"
El titular del Sindicato de Empleados de la exCaja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), Carlos Ortega, denunció hoy que hubo más de 320 «despidos arbitrarios» en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El dirigente denunció en un comunicado «la desvinculación producida de forma arbitraria de 320 trabajadores de planta permanente, quienes se presentaron hoy a cumplir sus tareas y fueron impedidos de ingresar al organismo» público.
El Secasfipi decidió el estado de alerta y movilización y reafirmó su «inquebrantable compromiso con la defensa de los derechos laborales y la estabilidad del empleo», por lo que exigió a la Anses que «deje sin efecto de manera inmediata la decisión de producir esas cesantías, porque en el organismo no sobra nadie».
«Los más de 300 despidos fueron de personal de planta permanente que en su momento ingresó por concurso. Se echó gente más allá del último año anunciado», dijo Ortega.
El sindicalista y exdiputado nacional peronista afirmó que los trabajadores ingresaron entre 2020 y 2023, que en su mayoría eran jefes de oficina en el organismo y que la decisión fue adoptada por el Ministerio de Capital Humano.
Según el gremio, el Gobierno justificó en los telegramas de despido en el hecho de que ese personal fue designado «sin previo proceso de selección» y se amparó en la Resolución 76 de marzo de 2016 de la gestión de Emilio Basavilbaso.
«Los trabajadores no ingresaron a la planta permanente sin previo concurso. La resolución del exfuncionario macrista en la Anses no puede ser la variable para echar», dijo Ortega.
Según el gremio, la dirección ejecutiva de Anses instruyó en su momento a «la Subdirección Ejecutiva de Administración a determinar el universo del personal de conducción superior, transitorio y sin estabilidad cuya desvinculación en función de los análisis que produzca esa instancia corresponde que opere en el contexto de las Resoluciones 2/16, 56/16 y 76/16», y la facultó junto con las Direcciones General de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales a «desvincular a esos trabajadores».
Además, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), al mando de Rodolfo Aguiar, denunció que desde la asunción del Gobierno de Javier Milei ya se produjeron más de 7.500 despidos en la administración pública, al no renovarse esos contratos.
El sindicato sostuvo que luego se sumaron 500 despidos en la Secretaría de Trabajo, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y los Ministerio de Justicia y Economía y el área de Cultura, por lo que el Frente Gremial que integran la ATE y ambas CTA se movilizó «en rechazo del feroz ajuste en el Estado».
Los empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) agrupados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, deliberaba en asamblea ante «la decisión de las autoridades del organismo de eliminar las horas extras a los empleados de ingresos más bajos», dijeron los trabajadores.
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