Según el senador nacional Pino Solanas, Enarsa adquirió en forma directa a una empresa chilena 86 millones de metros cúbicos de gas a un precio 128% superior al que se le compraba a Bolivia.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue denunciado penalmente por el senador nacional de Proyecto Sur Fernando «Pino» Solanas «por violar el régimen de contrataciones al comprar gas a Chile un 128 por ciento más caro del precio que Bolivia le vende a la Argentina».
La denuncia que incluye también al presidente de Energía Argentina S.A. (ENARSA), Julio Aníbal Balboa, fue presentada en la mañana de este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py y tras el sorteo de ocasión cayó en el juzgado que conduce María Romilda Servini.
«Los contratos firmados entre ENARSA y la empresa SOLGAS de Chile, para comprar en forma directa 86 millones de metros cúbicos de gas a un precio de 6.90 dólares el millón de BTU violaron las disposiciones del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, resultando un 128% más caro que el gas que se le compra a Bolivia», sostuvo Solanas en un comunicado de prensa.
El senador de Proyecto Sur afirmó que «ambos contratos tienen una cláusula de estricta confidencialidad y reserva, lo que no permite que se conozcan públicamente, como sucede con el acuerdo entre YPF-Chevron».
En tanto, en el texto de la denuncia, Solanas sostuvo que «la excusa para realizar estas contrataciones, ha sido que Bolivia no estaba en condiciones de entregar el gas al que se había comprometido, todo lo cual fue desmentido por el Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, quien negó que Bolivia hubiera disminuido su producción de gas, sino por el contrario la había duplicado, y que se estaba cumpliendo con lo oportunamente pactado».
Hace 10 días el ministro de Energía había denunciado penalmente por diputados del Frente para la Victoria que lo acusaron de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su «doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.».
La denuncia, por el presunto delito de «negociaciones incompatibles con la función pública», la presentaron los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade y quedó radicada en el Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez, con la fiscalía de Carlos Stornelli.
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