Denuncian cierre de subsecretaría clave para barrios populares con casi 300 trabajadores

Matías Quaranta / Data Clave

En el medio de la aprobación de la Reforma Laboral en el Congreso, el Gobierno nacional profundiza su plan motosierra en el Estado y apunta al cierre de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU), un espacio que reúne a casi 300 trabajadores y que fue creado por el macrismo -en acuerdo con el peronismo y la Coalición Cívica- para urbanizar los barrios populares.

La SSISU fue creada en el 2018 para implementar la Ley 27.453 y poner en marcha políticas integrales destinadas a vecinos que forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Esto se dio a través de una presentación que hizo Elisa Carrio, en aquel entonces diputada nacional, con un proyecto llamado “Ley de Barrios Populares” que fue aprobado por unanimidad. Trabajadores del sector remarcan que fue una de las pocas políticas públicas que han acordado el peronismo y el macrismo durante la gestión de Mauricio Macri.

Durante la gestión 2019-2023, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se iniciaron más de 1.200 proyectos de urbanización en más de 1.000 barrios populares de todo el país, a la vez que miles de familias de barrios populares pudieron mejorar sus viviendas gracias al “Programa Mi Pieza”. También se desarrollaron dos programas (PISU y PISUMV) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siendo los préstamos de mejor desempeño a escala regional.

Según los trabajadores del sector, cerrar esta subsecretaría impacta en más de 5 millones de habitantes que nuclean más de 6.400 barrios populares. En la actualidad, hay más de 700 obras detenidas a nivel nacional, 20.000 lotes con servicios que aún no se han adjudicado y más de 50.000 familias que aún no lograron gestionar o regularizar su Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP.

El martes 11 de febrero, más de 300 trabajadores del SSISU fueron informados de que sus contratos serán renovados únicamente hasta el 28 de febrero, quedando sin trabajo a partir de esa fecha. Las autoridades anunciaron un proceso de reestructuración, con la misión de terminar de ejecutar lo poco que dejaron del Fondo de Integración Socio Urbana.

A la par de los despidos masivos anunciados, trabajadores denuncian que la SSISU será degradada de Subsecretaría a Dirección Nacional, lo que implica un vaciamiento de contenido y recursos de la única política pública nacional destinada a los barrios populares.

Esta medida generó una reacción inmediata en diversos espacios. Más de 100 instituciones de la sociedad civil se expresaron al respecto. Además de la Iglesia, sindicatos y cooperativas, también se sumaron organismos públicos como Cáritas, TECHO-Argentina, Fundar, la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), centros de estudios del CONICET y universidades nacionales Los mismos reclaman la continuidad de la política nacional de integración socio urbana y el sostenimiento de la SSISU

Se trata de una decisión que, según argumentan, también atenta contra el fallo del juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, que ordenó la continuidad de las obras de urbanización financiadas por dicho fondo y exigió al Estado Nacional la presentación de un plan de acción en el marco de un amparo colectivo presentado por vecinos y organizaciones sociales.

«Desde el cambio de gestión a comienzos de 2024 a cargo del Subsecretario Sebastián Pareja y bajo la órbita del Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo, los equipos de la SSISU vienen atravesando un proceso sostenido de despidos, no renovación de contratos, caída de convenios y reducción de programas vigentes», denunciaron los trabajadores del sector.

“A ello se suma la precarización de las condiciones laborales, la falta de estabilidad contractual (contratos trimestrales) y la pérdida de poder adquisitivo producto de paritarias estatales que corren por debajo de la inflación. Este escenario debilitó progresivamente la capacidad operativa del organismo y anticipó el vaciamiento que hoy se consolida con el despido masivo”, agregaron.

Por último, aportaron: “El despido de 290 trabajadores y trabajadoras y la degradación institucional de la SSISU no es una simple reestructuración administrativa: implica el abandono de una política de estado estratégica para millones de personas que viven en barrios populares y que cuenta con un amplio consenso social y político”.

“Sin equipos técnicos, sin presencia territorial y sin capacidad operativa, las obras se paralizan, los procesos de regularización se frenan y las familias quedan sin respuestas. Si bien la Ley de Barrios Populares y el Certificado de Vivienda sigue vigente, sin trabajadoras/es es imposible garantizar su cumplimiento. La integración socio urbana no es una variable del equilibrio fiscal: es una política de derechos que garantiza acceso a vivienda, infraestructura y reconocimiento formal. Su desmantelamiento significa un retroceso social que afectará de manera directa a miles de comunidades en todo el país”, concluyeron.

Ante esto, la Mesa Nacional de Barrios Populares convocó a una conferencia de prensa, en carácter de urgencia, para el próximo lunes a las 11.30 horas en la Sede Cáritas, con el objetivo de ampliar información y “visibilizar el riesgo social del desmantelamiento de la política de integración socio urbana”, detallaron.