La edificación contaría con unos 4.000 metros cuadrados y niveles bajo tierra en una zona de seguridad de frontera. La legisladora Magdalena Odarda solicitó informes al gobierno de Río Negro para determinar si la infraestructura es apta para uso militar
El magnate británico Joseph Lewis, propietario de la firma Hidden Lake SA, inició una ambiciosa ampliación de su residencia principal en Lago Escondido, provincia de Río Negro. Según trascendió a través de pedidos de informes legislativos, la obra consiste en una estructura fortificada de alta seguridad, construida bajo tierra y excavada en la piedra, a escasos metros de la costa del lago, según publicó el sitio El Cohete a la Luna.
La iniciativa generó la reacción de la legisladora provincial Magdalena Odarda (bloque Vamos con Todos), quien elevó una consulta formal a diversos ministerios de la provincia, de acuerdo a una nota publicada en El Cohete a la Luna. El objetivo es determinar si, en una área de seguridad de frontera, se han levantado edificaciones aptas para uso militar o refugios antiaéreos por parte de capitales extranjeros.
De acuerdo a la información recabada por la legisladora, el complejo –denominado técnicamente como un búnker– tendría una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados. La construcción combinaría pisos en superficie con varios niveles subterráneos diseñados con materiales de alta resistencia.
Entre las comodidades y servicios que integraría esta fortaleza se encuentran:
La presencia de Lewis en la zona se intensificó tras haber recibido un indulto por parte del expresidente estadounidense Donald Trump, que dejó sin efecto su condena por fraude financiero y conspiración. El fundador de Tavistock Group regresó a sus tierras en la Patagonia en enero de este año, reafirmando su actividad en la región tras los procesos judiciales enfrentados en Estados Unidos en 2023 y 2024.
La situación en Lago Escondido no es aislada. El informe presentado advierte sobre una tendencia de capitales extranjeros a fortificar espacios en áreas rurales de difícil acceso para las autoridades, recordó El Cohete a la Luna.
Se mencionan casos similares como la residencia del Emir de Qatar en cerro Baguales y las instalaciones del fideicomiso Amaike (vinculado a la familia real de Abu Dhabi) en la zona andina y la costa atlántica.
Un punto crítico de la denuncia radica en la falta de control sobre las pistas de aterrizaje privadas. Odarda volvió a señalar el aeródromo ubicado cerca de Sierra Grande, a 500 kilómetros de las Islas Malvinas, el cual carecería de radares o presencia permanente de fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería o Prefectura.
Asimismo, se reportó la apertura de un nuevo camino de ocho kilómetros junto a la costa que no respetaría la línea de sirga fijada por la normativa vigente. Incluso, en este último tiempo, el servicio online del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para la identificación de áreas de frontera se encuentra suspendido, lo que dificulta la verificación pública de las jurisdicciones afectadas por estas obras.
Por su parte, la diputada neuquina Lorena Parrilli (Frente de Todos) presentó un pedido de informes tras el arribo de una delegación de siete congresistas estadounidenses a la capital provincial, quienes aterrizaron en un Boeing C-40 de la USAF sin previo aviso ni invitación oficial al gobernador Rolando Figueroa. Según la legisladora, este contingente –que incluyó a miembros del Comité de Energía y Comercio de EE.UU.–realizó una agenda de actividades con anfitriones desconocidos, lo que refuerza la preocupación por la falta de transparencia en los movimientos de funcionarios y capitales extranjeros en puntos estratégicos del país.
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