Es el incidente que surgió a la par de la represión del 2 de abril pasado, por la que hay policías acusados que siguen siendo investigados por las irregularidades cometidas ese día; desde Fiscalía afirman que la causa está a pronta a resolución.
La fiscal de Corrupción y Violencia Institucional Carina Bartocci desestimó la investigación contra once personas de la comunidad qom asistidas por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, por los hechos ocurridos el 2 de abril de este año en el barrio Toba. Sin embargo, continúa la investigación contra los policías acusados por la represión.
Esa madrugada, la comunidad qom fue blanco de fuerte accionar por parte del Comando Radioeléctrico en Magallanes y pasaje 6, en el barrio Toba de zona oeste. Catorce personas –diez hombres, dos mujeres y dos menores– terminaron en la comisaría 19ª, algunas visiblemente golpeadas, e incluso una joven terminó internada, por múltiples fracturas en el cuerpo. Nada de eso quedó asentado en las 14 constancias que hizo el médico policial, lo que movilizó a legisladores a denunciar apremios. Además, un adolescente de 15 años, también de ese barrio, fue trasladado por sus padres al hospital Carrasco y luego al Heca porque, según denunciaron los familiares, fue golpeado y abandonado en un descampado por la Policía. La denuncia más alarmante de los familiares de los detenidos fue que la represión ocurrió a las 7 de la mañana y recién pudieron verlos ingresar a la comisaría a las 9.30. “Durante dos horas se dedicaron a pasearlos y a pegarle”, dijo una de las familiares.
Esta pesquisa estuvo primero a cargo del fiscal Gustavo Ponce Asahad, y se difundió que tres de los seis policías del Comando Radioeléctrico que encabezaron el violento procedimiento tenían antecedentes por apremios ilegales, el mismo delito por el que fueron imputados por el fiscal Gustavo Ponce Asahad. Las causas se tramitaban en la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional, a cargo de Karina Bartocci.
Ayer se conoció que el Defensor Regional, Gustavo Franceschetti, y la Defensora Susana Brindisi pidieron la desestimación de la denuncia contra las personas de la comunidad qom que eran investigadas y archivo en el mes de mayo, atento la falta de pruebas para imputarles delito alguno a sus defendidos.
De este modo, Bartocci entendió que de las medidas adoptadas por el MPA para el caso en cuestión no se desprende que las aprehensiones hayan sido realizadas en un contexto de resistencia a la autoridad.
No obstante, remarcó que las dos personas que fueron aprehendidas con arma de fuego, como así también el joven que presentaba un pedido de captura activa continuarán siendo investigadas junto con los policías señalados por las víctimas como autores de apremios ilegales, atento que encuadran en posibles hechos de violencia institucional.
La investigación sobre los policías que participaron en la represión continúa, según explicaron desde la Fiscalía. Si bien explicaron que está en evaluación, destacaron que no falta mucho tiempo para la resolución. “No se pudo realizar todos los reconocimientos, y algunos dieron negativos”, destacaron. “Los referentes qom propusieron reunirse con el jefe de Policía, con el comisario y el jefe del Comando para charlar la problemática y se está coordinando para que se lleven acabo las reuniones”, agregaron.
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