Detalles de la eyección de quien iba a autoinvestigar la responsabilidad de Milei en el caso $Libra

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, comenzó a sacudir la estantería de su cartera y una de las primeras caídas es María Florencia Zicavo, la exjefa del Gabinete de Asesores del Ministerio y la elegida por la Casa Rosada para autoinvestigar la responsabilidad de Javier Milei y su núcleo más cercano de funcionarios en la mega estafa $Libra. Zicavo se negó -como todos los funcionarios mileístas- a responder ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y habría entregado un informe secreto y exculpatorio del Presidente al fiscal de la causa Eduardo Taiano.

En su rol como funcionaria, la abogada eyectada tuvo a su cargo cientos de despidos en el Ministerio y fue la responsable de propiciar el vaciamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), la repartición encargada de la búsqueda de los nietos apropiados durante la dictadura y que frenó la propia justicia.

Zicavo cobró notoriedad pública cuando en medio del escándalo del $Libragate, el Gobierno la nombró por decreto al frente de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para autoinvestigar desde el propio Ejecutivo las responsabilidades de Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei y otros funcionarios en la estafa internacional con la criptomoneda.

Una tarea para la cual se había ganado la confianza de la Casa Rosada al dar muestra de fidelidad en su encolumnamiento con la batalla libertaria contra los derechos humanos y el negacionismo sobre la dictadura civico-militar. Zivaco fue la encargada de tejer la arquitectura para retirarle a la Conadi las facultades que históricamente tenía para acceder a archivos del Estado e investigar los casos de apropiación hijos de desaparecidos durante la última dictadura.

Un fallo judicial frenó la pretensión de impedir que Abuelas de Plaza de Mayo pueda continuar con su tarea de devolver la identidad a las víctimas del terrorismo de Estado. Como titular de la UTI, Zicavo tenía la tarea de “recabar información relacionada al criptoactivo referido en el considerando precedente, y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público”.

“No tiene el mote de investigadora sino de recolectar toda la información que crea pertinente o que le soliciten para -efectivamente- aceitar los mecanismos para que la Justicia pueda avanzar rápidamente”, había dicho entonces el entonces vocero presidencial Manuel Adorni.

Públicamente no se supo nada de su tarea ni conclusiones. Apenas tres meses después de su creación, el Gobierno la disolvió por decreto.

La eyección de Zivaco -que había presentado su renuncia tras el recambio de ministro- es una muestra de la nueva correlación de fuerzas en dura interna libertaria del Gobierno. La abogada de 36 años recibida en la UBA y exrelatora en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, había sido designada como jefa de Gabinete de Asesores del ministro de Justicia el 23 de mayo de 2024 durante la gestión del renunciado Mariano Cúneo Libarona.

Aunque en la práctica respondía a Sebastián Amerio, quien fue número dos del organismo hasta hace unos pocos días y un alfil de Santiago Caputo dentro del ministerio.