Los centros de diálisis de Santa Fe atraviesan una situación económica que, según advierten los prestadores, pone en riesgo la sustentabilidad de las prestaciones. La Asociación de Prestadores de Diálisis y Trasplantes Renales de la Provincia reclamó una respuesta urgente a Pami y pidió actualizar los módulos que reconoce el organismo, además de revisar una reducción reciente cercana al 8% en determinados valores.
El reclamo se suma a una problemática que atraviesan prestadores de diálisis de todo el país. Desde la Asociación señalaron que los valores reconocidos por Pami llevan aproximadamente un año y medio sin una actualización acorde con la evolución de los costos, mientras los establecimientos deben afrontar aumentos en salarios, insumos médicos, medicamentos, servicios, mantenimiento, equipamiento y transporte.
En Santa Fe, la situación alcanza a unos 4.100 pacientes afiliados a Pami que realizan tratamientos de diálisis crónica, una prestación indispensable para las personas con enfermedad renal crónica.
La situación es todavía más compleja en el interior provincial, donde algunos centros también deben afrontar el traslado de los pacientes hasta los lugares de atención. Se trata de personas que, en muchos casos, deben concurrir tres veces por semana para realizarse el tratamiento.
“Tenemos una red de 24 centros, muchos de ellos ubicados en ciudades pequeñas, donde los costos son todavía más difíciles de afrontar. En muchos casos, además de garantizar el tratamiento, los prestadores tenemos que hacernos cargo del traslado de los pacientes”, explicó Claudio Alonso, médico nefrólogo y referente de la Asociación.
El especialista señaló que algunos pacientes recorren largas distancias para acceder a la diálisis. “Hay personas que se trasladan 70, 80 o hasta 120 kilómetros en un remís que paga el prestador. Es una situación que se vuelve cada vez más difícil de sostener cuando desde 2024 hasta hoy, Pami otorgó un aumento total de apenas el 17 por ciento”, sostuvo Alonso.
A los costos de la prestación se suman medicamentos y tratamientos asociados. “No estamos hablando solamente del módulo de diálisis. Hay medicaciones de alto costo, como las que necesitan muchos pacientes para tratar la anemia renal, además de otras prácticas y medicamentos ambulatorios. Todo eso forma parte de una estructura de costos que aumentó muchísimo”, explicó Alonso.
Desde la entidad también cuestionaron la reducción cercana al 8% aplicada recientemente sobre determinados valores reconocidos por Pami, una medida que, según sostienen, profundizó el deterioro de los ingresos de los centros.
“Estamos ante un combo explosivo”, advirtió Alonso, quien aseguró que la Asociación realizó numerosas gestiones ante Pami durante el último año y medio sin obtener una respuesta concreta. Según relató, en la última reunión mantenida con representantes del organismo les señalaron que Pami tiene “otras prioridades” y que el Ministerio de Economía nacional no le asigna los recursos necesarios para actualizar los valores.
Para los prestadores, el problema excede una discusión exclusivamente arancelaria. La preocupación central es que el deterioro de los ingresos termine afectando la capacidad de los centros para garantizar una atención segura, continua y de calidad.
“La diálisis no se puede cortar porque es un tratamiento vital”, remarcó Alonso. En ese sentido, alertó que si los centros privados no logran sostener la prestación, una parte de los pacientes podría recurrir al sistema público para continuar con sus tratamientos.
“Muchos pacientes de Pami van a terminar recurriendo a los efectores públicos, que tampoco tienen capacidad infinita para absorber esa demanda”, advirtió.
Desde la Asociación remarcaron que la diálisis no puede suspenderse ni postergarse y que, para miles de personas con enfermedad renal crónica, constituye un tratamiento indispensable para continuar con vida mientras esperan un trasplante renal o mientras su condición médica requiere mantenerlo de manera permanente.
Por este motivo, los prestadores reclaman a Pami una actualización de los módulos acorde con los costos reales de la prestación, la revisión de la reducción aplicada recientemente y la apertura de una instancia de diálogo que permita garantizar la continuidad de los tratamientos.
“No estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo que se reconozca el costo real de una prestación que no puede interrumpirse y que se garantice a los pacientes el derecho a recibir su tratamiento en condiciones adecuadas”, concluyó Alonso.
