Dictamen de Recoleta: ya presentaron una denuncia penal por falsificación de instrumento público

Luego de que se conocieran las varias irregularidades en el tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y las re redacciones del dictamen de mayoría luego de que incluso 55 legisladores oficialistas y «opositores dialoguistas» firmaran una hoja en blanco, la abogada Valeria Carreras presentó la primera denuncia penal sobre el oscuro trámite bajo la acusación de falsificación de instrumento público y falsedad ideológica. El escrito ingresó a los tribunales federales de Comodoro Py y va contra los diputados y diputadas que rubricaron un dictamen que se terminó de escribir horas mas tarde en un departamento del barrio porteño de Recoleta.

“Sólo encuentra parangón en el antecedente de la Ley Banelco”, resumió Carreras, a su vez representante de los familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, en referencia al tratamiento de la reforma laboral durante el gobierno de la Alianza, en 2000.

“Estamos frente a dos dictámenes: el que 55 diputados creen haber firmado en la madrugada del 24 de enero de 2024 y el dictamen blue que fue el que luego de la reunión en el departamento de Recoleta mediante se publicó ese mismo día a las 15 horas”, escribió la abogada.

Durante la madrugada del miércoles pasado, el día del paro nacional, los diputados se apresuraron por emitir un dictamen favorable para que pueda realizarse de manera exprés el tratamiento del proyecto en el recinto. Eso ocurrió a la 1.30. El supuesto primer documento de lo firmado se conoció cerca de las 10. Y alrededor de las 13 comenzó a circular otro borrador, con lo que se aventó la sospecha de que las rúbricas fueron sobre un papel en blanco.

Y después llegó lo peor: al menos una reunión fuera del Congreso, en un departamento de Recoleta, a la que concurrió el ministro sin cartera e ideólogo de la mega ley y el DNU, Federico Sturzenegger. El objetivo: volver a «puntear» el texto. Carreras afirma que la presencia del ex director del Banco Central y coautor del Megacanje marca una injerencia indebida del Poder Ejecutivo sobre un trámite parlamentario que ya estaba, por lo demás, viciado por irregularidades.

«Cuando vimos las personas que estaban invitadas dijimos no, esto no es lo que esperábamos. Estaba Federico Sturzenegger. Los vi que estaban punteando, personas que no son diputados y me pareció que no era el sentido de la reunión y me fui», admitió el diputado Oscar Agost Carreño, del interbloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto.

La abogada citó esa declaración y el tuit del diputado del mismo interbloque Carlos Gutiérrez. «Creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado», publicó el cordobés de Río Cuarto que milita en el schiarettismo.

“En mi carácter de ciudadana, vengo a incoar formal denuncia para que se investigue a los autores materiales e intelectuales del delito de falsificación de instrumento público y falsedad ideológica perpetrados en perjuicio de los intereses de la Nación Argentina, en el marco del debate y dictamen sobre el proyecto de Ley del poder Ejecutivo denominado Ley Ómnibus”, sostiene la presentación.

“La firma de Dictámenes de Proyectos de Ley tiene pasos insoslayables como también tiene parámetros mínimos que dotan al acto público y al instrumento público en sí mismo (Dictamen) de validez. Por eso sonaron las alarmas cuando se demoró la publicación. Así fue que el día 24, recién a las 15, estuvo disponible el Dictamen subido a la página. A dicho evento se sumaron las declaraciones de Diputados de la Nación los cuales aseguraron que el Dictamen que se publicó no es el que ellos firmaron”, se explaya la denuncia.

“No puede admitirse que se traten temas legislativos fuera del recinto, pero mucho menos con personas ajenas al Cuerpo, es decir con personas ajenas a uno de los tres Poderes del sistema republicano de Gobierno. En ese departamento habría estado presente al menos, un representante del Poder Ejecutivo propiciando ‘cambios’” al texto finalmente publicado, advirtió la abogada.