Convocaron a la comisión de Presupuesto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "El Galleguito" Álvarez. El Gobierno quiere destinar apenas la cuarta parte de lo que los rectores consideran el mínimo para un funcionamiento adecuado
El Gobierno defenderá este martes su política universitaria de recortes en la Cámara de Diputados, en medio de la fuerte tensión entre la Libertad Avanza y las Universidades por el incumplimiento de la ley de financiamiento de las casas de estudios superiores. El debate se produce, admás, apenas días después de la masiva quinta marcha al Congreso Nacional que protagonizaron docentes, no docentes y estudiantes.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro «El Galleguito» Álvarez, expondrán en la comisión de Presupuesto 2027 sobre los recursos destinados a la educación en la ley de gastos y recursos para el próximo año.
El debate se realizará en medio de la disputa que mantiene el oficialismo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, y tras la multitudinaria concentración realizada por las organizaciones universitarias.
Torrendell y Alvarez harán una defensa de la política universitaria que instrumenta el Gobierno, con sucesivos recortes presupuestarios y la negativa a implementar la ley votada y refrendada por el Congreso pese a varias órdenes judiciales.
Argumentos repetidos
La controversia está planteada porque el Gobierno propone destinar 7,3 billones de pesos a las Universidades Nacionales el año próximo. Los rectores calcularon que para funcionar con relativa tranquilidad necesitan 11 billones. El otro punto de discordia es la congelada, por el Ejecutivo, ley de financiamiento universitario.
En varios tuits, Álvarez justificó la actuación ilegal del Gobierno en que «votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria». La norma, sin embargo, le ordena al Ejecutivo reasignar partidas para cumplirla. Además, el gobierno aumentó partidas para, por ejemplo, la Side, sin explicar de dónde saldría el monto extra.
El artículo por el que el oficialismo justifica el incumplimiento, pero que no aplica en sus propias iniciativas, fija que «toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional».
El proyecto del Gobierno establece destinar 7,3 billones de pesos lo que implica un 25,4% de los recursos que reclaman las Universidades Nacionales que piden 11 billones de pesos.
El proyecto del Presupuesto obliga a la Universidades Nacionales a presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se transfieren en todo concepto y, en caso de incumplimiento, habilita a interrumpir las transferencias.
Asimismo, determina que deberá indicarse en los presupuestos aprobados, la ejecución presupuestaria y contable y en la cuenta de inversión de cada universidad la clasificación funcional de educación y cultura, salud y ciencia, tecnología e innovación.
Por último, establece que los aumentos salariales de 2027 se aplicarán sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes a la liquidación de noviembre de 2026, salvo los incrementos de planta que apruebe y autorice el Ministerio de Capital Humano.
El presupuesto para el 2027 es de 9,8 billones de pesos con reducciones en las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, los programas de Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente.
El único programa donde hay un fuerte crecimiento es el Plan Nacional de Alfabetización al cual se destinarán 773.000 millones de pesos.
También se mantiene la vigencia del reparto automático de recursos educativos a Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y municipios para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación.
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