La administración de Donald Trump presentó un proyecto para disolver el Comité Especial de Descolonización al considerar que "dejó de cumplir su propósito" y genera un gasto innecesario. La medida impacta de lleno en la estrategia diplomática del Gobierno nacional
La postura de la Casa Blanca se enmarca dentro de una política más amplia de recortes presupuestarios y reestructuración de la ONU, donde Estados Unidos hace valer su peso como principal aportante financiero.
El gobierno de Estados Unidos dio un paso que genera fuerte impacto en la diplomacia argentina: presentó una propuesta formal ante las Naciones Unidas para poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización (C-24), el principal órgano multilateral donde cada año la Argentina ratifica su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y exige al Reino Unido retomar las negociaciones.
La iniciativa, impulsada por la administración de Donald Trump a través de una resolución de la ONU dada a conocer este 15 de octubre, cuestiona abiertamente la continuidad del organismo y la asignación de recursos para sus actividades.
Durante la sesión, la representante de la delegación estadounidense sostuvo que el C-24 «dejó de cumplir su propósito original» y criticó que el organismo se limite a revisar periódicamente los mismos textos sin registrar avances sustanciales. Además, calificó los viajes y encuentros anuales del comité en el Caribe y el Pacífico Sur como un «desperdicio de tiempo y recursos».
Creado en 1961, el Comité de Descolonización está integrado por 29 Estados miembros y supervisa los territorios no autónomos a nivel global. El Reino Unido administra 10 de los 17 territorios incluidos en esa agenda, entre ellos el archipiélago atlántico. Para la Argentina, este espacio resulta estratégico desde 1965, cuando la histórica Resolución 2065 de la ONU instó a ambas naciones a entablar conversaciones para resolver la disputa.
El pedido de cierre del comité se produce en un escenario de creciente tensión en el Atlántico Sur. En junio pasado, la Cancillería argentina denunció ante el C-24 la creciente «militarización» británica en la zona y la «explotación unilateral de recursos naturales», en referencia directa al avance del proyecto petrolero Sea Lion.
A la par, la estrategia de la Casa Rosada busca sumar presión mediante la tramitación de una Ley de Soberanía en el Congreso, orientada a sancionar a empresas que presten servicios o participen en la extracción de hidrocarburos no autorizada en aguas adyacentes a las islas. Esta iniciativa generó preocupación y objeciones por parte de firmas de capitales estadounidenses, que reclamaron precisiones sobre el alcance de las eventuales sanciones.
La postura de la Casa Blanca se enmarca dentro de una política más amplia de recortes presupuestarios y reestructuración de la ONU, donde Estados Unidos hace valer su peso como principal aportante financiero.
Asimismo, la iniciativa llega tras recientes contactos bilaterales entre funcionarios de ambos países y en la previa de la llegada a Buenos Aires de una comitiva del Departamento de Estado norteamericano orientada a promover proyectos de infraestructura e inversión en la región.
Para que la disolución del comité se concrete, la propuesta de Washington deberá ser debatida y votada por la Asamblea General de la ONU, donde se anticipa un complejo escenario de discusiones diplomáticas.
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