La bancada que responde a Mauricio Macri informó que creó un "equipo especializado" para estudiar las reformas que el gobierno busca introducir en la estructura de la SIDE por decreto.
El Gobierno busca modificar la estructura de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), pero el DNU debe ser avalado por Diputados y el Senado o, en su defecto, no se ser rechazado por ninguna de las Cámaras. Desde el bloque PRO en Diputados anunciaron este viernes que conformaron un «equipo especializado» para analizar las reformas.
Los diputados del PRO marcaron que la modificación de este organismo a través de un DNU “es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos”.
“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos», indicaron. Sin embargo, afirmaron que «es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función».
En el bloque que conduce Cristian Ritondo consideran como positiva la integración y unificación de bases de datos estatales, por las que agencias como el Renaper deberán brindar sus datos en forma directa a la SIDE. Valoraron: “No advertimos riesgos legales en la integración de información, siempre que se aplique dentro del marco normativo existente”.
Mientras se especula con la cantidad de votos que tendrá el gobierno en el Congreso respecto a este DNU, el macrismo anticipó que estudiará las reformas antes de sentar su postura final. Según informó Data Clave, otras bancadas como Provincias Unidas reclamaron a Martín Menem y Victoria Villarruel que conformen la comisión Bicameral de Tramite Legislativo que tiene a cargo la evaluación de los DNU.
“Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”, dijeron desde el PRO.
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