Varios bloques de la Cámara de Diputados más el senador Felipe Michlig (UCR) advirtieron que «no aceptarán el resultado de un proceso que esté viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia» en referencia al concurso abierto para la selección de candidatos a los cargos de conducción del Ministerio Público de la Acusación y del Sistema Provincial de la Defensa Pública. «Queremos que no pase en el concurso lo que pasó con la designación de los jurados que no fue procedimiento transparente» advirtió el presidente de la Cámara, Pablo Farías, en la rueda de prensa. «Tienen la oportunidad de revertir esa designación con una mayor transparencia en el desarrollo del concurso» añadió. «Debe ser política de Estado, estamos hablando de la política de persecución penal» señaló el radical Maximiliano Pullaro exigiendo transparencia y diálogo institucional.
El documento fue presentado por gran parte de los bloques opositores de la Cámara de Diputados. Estuvieron allí los integrantes del bloque socialista (14), Ucr – Evolución (11), Juntos por el Cambio (5) y PDP (1), Creo (1) y Vida y Familia (3).
El documento entregado recuerda que en abril del 2023 vence el mandato de las principales autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal, «todos cargos relevantes y centrales para el diseño de la política criminal en Santa Fe por los próximos cinco años». Ante ese cambio, los bloques «queremos manifestar nuestra enorme preocupación en torno al proceso de concursos públicos que comenzó a llevar adelante el Poder Ejecutivo Provincial en los últimos días». Reseña que el 26 de agosto de 2022 mediante decreto 1538 el gobernador (Omar Perotti) arbitrariamente y sin la consulta necesaria, decide modificar disposiciones referidas al Consejo de la Magistratura, cambiando la composición del jurado y dándole mayor competencias y discrecionalidad al presidente del Consejo». Pero también advierten que «a los dos días hábiles del decreto, se realiza el sorteo del jurado, a las 7 de la mañana en absoluto secreto y en pleno paro de trabajadores de ATE y UPCN, sin presencia ni control de ningún otro poder del Estado o parte interesada».
Los bloques opositores marcan que «cuando observamos los requisitos que debe contener el plan de trabajo requerido a los aspirantes a fiscales regionales y general, vemos, con mucho asombro, que solo se hace hincapié en los siguientes puntos: rol de la víctima, relación con la Prensa, perspectiva de género, vinculación con la policía y Organismo de Investigaciones, sin que quede claramente expresada las prioridades y políticas de persecución penal y estrategias de gestión que proponga cada postulante».
En el final, los bloques dicen estar «convencidos que el MPA cumple una función trascendental dentro del sistema de seguridad y justicia en la Provincia de Santa Fe, es por eso que el proceso de selección de autoridades debe ser amplio, participativo, transparente, ejemplar y acorde a los desafíos institucionales que impone la compleja realidad de nuestra provincia: no aceptaremos el resultado de un proceso que esté viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia».
Fuente: El Litoral