La iniciativa, que pertenece a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, fue presentada por la diputada nacional del Movimiento Evita por Río Negro Silvia Horney con la rúbrica de todo su bloque
Un proyecto que plantea la eliminación de la categoría «sexo» en los documentos de identidad y demás documentación oficial y privada fue presentado en la Cámara de Diputados, y argumenta que «el modo en que va a ser desarrollada la sexualidad en una persona no es algo rígido, no es estable, y no tiene que ser tampoco materia de registros públicos».
La iniciativa, que pertenece a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, fue presentada por la diputada nacional del Movimiento Evita por Río Negro Silvia Horney con la rúbrica de todo su bloque, y permitiría, una vez que entre en vigencia, que los ciudadanos puedan requerir la supresión del «sexo» en cualquier documento público o privado.
Además, deja establecido que las disposiciones de la ley «son de orden público y de cumplimiento obligatorio, tanto en el ámbito público como privado, en todo el territorio de la Nación».
En los fundamentos, el proyecto sostiene que existe una «falsa noción de sexo por la interpretación histórica, ideológica y cultural que se hace sobre ciertas diferencias anatómicas, especialmente, sobre la genitalidad y otras comúnmente denominadas características sexuales».
«Estas lecturas, que históricamente se han basado en paradigmas médicos/científicos, se suelen atribuir a la biología y se han asignado con carácter binario, existiendo como únicas posibilidades el binomio varón-mujer», cuestiona el texto.
En diálogo con FM 100.9 de Río Negro, Horne consideró que «el sexo, así como está definido, no es un concepto certero y además es utilizado como elemento discriminatorio, estigmatizador».
«El modo en que va a ser desarrollada la sexualidad en una persona no es algo rígido, no es estable, y no tiene que ser tampoco materia de registros públicos», agregó.
Entre los reparos a la iniciativa, aparecen observaciones que tienen que ver con problemas de aplicación que podrían surgir en la práctica como por ejemplo lo que refiere al reconocimiento de la edad jubilatoria (la legislación actual le concede ese derecho a las mujeres a los 60 años, mientras que a los hombres a los 70), y otro tipo de derechos asociados al género como las licencias por maternidad y paternidad, y cupo femenino.
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