Por Romina Sarti*
Días atrás Ian Moche, el joven activista con autismo y su mamá, Marlene Spesso, también activista, participaron en el programa radial Circo Freak. Hablando de la “emergencia en discapacidad”, compartieron el intercambio de palabras que tuvieron con el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (A.N.Dis.), Darío Spagnuolo, dejando de manifiesto el desinterés sobre un colectivo históricamente vulnerado.
Según Ian y Marlene, el funcionario habría cuestionado en una reunión ocurrida en marzo, la gratuidad en peajes y estacionamientos para personas con discapacidad: Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”, ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? ¿Por qué tengo que pagar estacionamiento y vos, no?
La gravedad de estas declaraciones, que van en sintonía con la habilitación del uso de términos ofensivos para referirse a personas con discapacidad (ver nota) se potencian con la frase: un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado, que habría lanzado el funcionario.
Es importante aclarar ante todo que la discapacidad no es un problema, es una condición. Esta condición se transforma en un problema cuando hay un Estado ausente que no garantiza los derechos a los que ha adherido, como aquellos detallados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), a la que Argentina suscribió en 2007 y ratificó en 2008 (ver nota) . Estas afirmaciones no sólo son violentas y discriminatorias, sino que demuestran el desconocimiento o desinterés de parte del funcionario en la legislación nacional e internacional. Si el Director de A.N.Dis. ignora —o desprecia— esta base legal y conceptual, no solo incumple su función: también pone en riesgo el sostenimiento de políticas públicas ganadas tras décadas de lucha del colectivo de personas con discapacidad. La discapacidad no es un problema familiar, es una realidad de una sociedad que se caracteriza por la diversidad.
Consideramos fundamental recordar también que los derechos no son privilegios. La gratuidad en peajes y estacionamientos, así como otras políticas de accesibilidad, son herramientas de inclusión que buscan equiparar oportunidades y garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad, tal como lo establecen normativas vigentes.
En este contexto, la comunidad organizada en torno a la discapacidad (y a las y los jubilados, a las y los docentes, a las y los médicos, a las y los trabajadores, entre otra/os) nos recuerda que los derechos no se mendigan ni se negocian: se exigen. Y su cumplimiento no es opcional, es una obligación ineludible del Estado. La ignorancia no puede ser excusa. La estrategia de desresponsabilización no se reduce a una mala gestión, sino a una disputa ideológica sobre el sentido de lo público, la solidaridad y la justicia social.
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*Licenciada en Ciencia Política (UNR), militante por la diversidad corporal, anticapacitista, docente universitaria en UGR, trabajadora en la Secretaría de DDHH de la UNR. IG: romina.sarti
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