En Santa Fe se presentó una iniciativa para quienes fueron perseguidas en democracia, mientras que en Buenos Aires intentan implementar una normativa que también incluye abusos cometidos durante la última dictadura
Diversos proyectos de leyes nacionales y provinciales buscan garantizar una reparación económica para las personas trans y travestis que fueron víctimas de la violencia institucional, tanto durante la última dictadura cívico-militar como en democracia.
Marcela Tobaldi, referente de la asociación civil La Rosa Naranja y del frente Orgullo y Lucha e integrante del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dijo a Télam que “cuando no hay inclusión -social, económica, educativa- de ciertos colectivos, el Estado debe reparar a esa población”.
“En Argentina no se sabe con exactitud pero según el Registro Nacional de Personas (Renaper) la población trans es de 11 mil personas aunque sin contar a las personas que no accedieron al cambio de género”, detalló.
En ese marco, consideró “realmente insuficientes” las reparaciones económicas históricas otorgadas desde 2018 a menos de una veintena de mujeres trans en Santa Fe, dos en la provincia de Buenos Aires y una a nivel nacional”, y resaltó la necesidad de “avanzar en una ley de reparación para todas”.
En la provincia de Buenos Aires por iniciativa del Ministerio de Mujeres, se envió a la legislatura un proyecto de Ley para reconocer y reparar económicamente a las personas travestis y trans víctimas de violencia institucional, que ya fue aprobado para su tratamiento.
“Es el proyecto que a nosotras nos parece el mejor de todos, porque habla de una cifra de dinero importante para que las compañeras en el futuro estén cómodas todos los meses. Realmente es superador en términos de derechos humanos”, consideró.
En Santa Fe se presentó en abril de este año un proyecto de ley que tiene como objetivo la reparación económica a la población travesti y trans que fue perseguida por el Estado en democracia, específicamente.
También en Santa Fe se aprobó en octubre una norma a partir de la cual las personas travesti y trans mayores de 35 años -edad promedio de vida del colectivo- podrán acceder a pensiones no contributivas.
A nivel nacional, la diputada por el Frente de Todos Mara Brawer llevó al Congreso un proyecto que “aborda la problemática pero que propone el mismo monto que cobran las pensiones y jubilaciones que cobra cualquier jubilado”.
“Es decir, reconoce, pero no repara”, dijo Tobaldi.
En igual sentido, la Federación Argentina LGBT+ promueve el proyecto de Ley Integral Trans, que en su artículo 9 prevé “un subsidio mensual para personas trans mayores de 40 años” equivalente a “una jubilación mínima”.
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