Para el criminólogo Enrique Font el fallo del camarista Gustavo Salvador que pone límites al pedido arbitrario e indiscriminado de DNI en la vía pública "no trabaja sobre el delito complicado sino sobre el desorden, sobre los que están en la calle", en lo que se llama teoría de las ventanas rotas
El abogado, docente y criminólogo Enrique Font evaluó como positivo el fallo del camarista Gustavo Salvador que pone límites al accionar de la Policía de Santa Fe que en los últimos meses salió a demorar a transeúntes sólo por no llevar el DNI encima. “Esto no es una política dirigida a producir seguridad, sino hostigar y a correr del espacio público a quienes se considera que no deben estar ahí”, dijo el especialista.
“Es la estrategia de ventanas rotas de tolerancia cero: no se trabaja sobre el delito complicado sino sobre el desorden, sobre los que están en la calle”, abundó el criminólogo en declaraciones a Radio SI, acerca del planteo judicial que había hecho el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
La teoría de las ventanas rotas fue formulada en la década del 80 del siglo pasado por dos criminólogos estadounidenses, y consiste en atacar comportamientos calificados de “antisociales” –como las personas en situación de calle- de modo preventivo de presuntos delitos más graves. Una política de seguridad apuntada al “desorden” callejero, bajo la premisa de que su disminución genera un clima social de orden y legalidad, desglosó para precisar: “La idea es ir corriéndolos del espacio público. Entre comillas, limpiar la ciudad”.
El abogado y docente señaló que el planteo judicial de la defensa pública “ha expuesto una faceta más de las múltiples de una política de seguridad caracterizada por hechos de torturas y malos tratos” que lleva adelante el gobierno provincial. Entre ellas, recordó los tormentos a presos en la cárcel de Piñero, por el que fueron imputados ocho integrantes del Servicio Penitenciario.
Font precisó que “de casi 10 mil demoras por sospecha –porque no se trata de detenciones de personas cometiendo un delito- el 35 por ciento de las 4.000 actas que relevó la defensa, era de personas en situación de calle”.
También consignó que desde la reforma del artículo 10 bis, hubo “personas detenidas cinco o seis veces”, lo cual consideró “medio absurdo”.
“Es una cuestión de persecución, de hostigamiento, una ilegalidad”, concluyó.
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