El ambiente en la reforma: saldar deudas y plantar bases para el futuro

Por Lionella Cattalini/ diputada provincial

Durante demasiado tiempo, el cuidado del ambiente fue considerado una cuestión secundaria en el diseño institucional de nuestra provincia. La Constitución de Santa Fe, vigente desde 1962, apenas menciona al ambiente, y lo hace con una mirada enfocada en el uso del suelo para fines productivos. Mientras tanto, el mundo cambió: el cambio climático ya no es una advertencia futura, sino una realidad presente que impacta nuestras ciudades, nuestras economías y, sobre todo, nuestras vidas.

Los ríos y arroyos ya no son los de antes, los incendios se repiten cada vez con más frecuencia y las temperaturas aumentan. En un mundo que cambia a velocidad de emergencia, nos falta letra constitucional que reconozca el cambio climático. ¿Cómo vamos cuidar lo que no nombramos? ¿Cómo garantizar derechos si no reconocemos los riesgos? Es hora de hacer una Constitución siglo XXI y para eso hay que hablar desostenibilidad, de justicia ambiental y de responsabilidad intergeneracional.

Esta reforma constitucional es una oportunidad histórica para saldar una deuda con las generaciones presentes y futuras: reconocer explícitamente el derecho al ambiente sano, equilibrado y sostenible como un derecho humano fundamental que lejos está de ser un gesto simbólico ó una consigna de moda: es una necesidad concreta y una herramienta institucional clave para proteger la vida. No se puede pensar un desarrollo productivo y económico de la provincia a largo plazo, si no va acompañado de criterios de sustentabilidad.

La salud, el agua, la biodiversidad y el acceso a recursos naturales no pueden quedar librados al azar del mercado ni a la voluntad política del turno. La incorporación de este nuevo derecho es, entre otras cosas, una forma de proteger a las comunidades más vulnerables, que son quienes sufren primero —y con mayor crudeza— las consecuencias del deterioro ambiental.

Por otra parte, debemos dejar atrás la mirada del agua como un recurso explotable y consagrarla como un bien común universal, protegido y gestionado de forma pública, sostenible y equitativa. Esto implica garantizar acceso suficiente y seguro para todos, limitar la privatización, exigir eficiencia hídrica. Porque sin agua no hay desarrollo, ni salud, ni futuro. La nueva Constitución debe reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento como pilar esencial para la vida.

En Santa Fe, el consenso es creciente. Trabajamos mucho con organizaciones ambientalistas, sociales, juventudes, investigadores y representantes de diversos sectores preocupados y ocupados en este tema. Todos coincidimos en algo fundamental: es momento de dejar atrás las viejas estructuras y construir nuevas reglas para un futuro más justo y sostenible.

Como diputada y convencional constituyente, decidí asumir el desafío de impulsar propuestas concretas en este sentido: incorporar mecanismos como la participación ciudadana en decisiones relativas al ambiente y la educación ambiental como política pública y como derecho, en todos los niveles del sistema educativo.

En la reforma se deben establecer obligaciones concretas para el Estado: principios de prevención (tomar medidas anticipadas para evitar o minimizar los daños al medioambiente antes de que ocurran), justicia ambiental (que todas las personas tengan acceso a un ambiente sano y seguro), equidad intergeneracional (asegurar que las generaciones futuras no sufran consecuencias negativas por las acciones o decisiones de las generaciones presentes) y herramientas que orienten las políticas públicas hacia una verdadera transición ecológica y energética.

Estoy convencida de que el Estado tiene el deber de liderar políticas claras de mitigación y nuestras empresas públicas deben jugar un rol estratégico en la gestión del agua, la energía y los residuos. No se trata sólo de preservar recursos: se trata de construir una provincia más justa y preparada para el futuro.

Por supuesto, todo esto requiere algo más que buenas intenciones: se necesita una justicia que funcione. Una Constitución que consagre derechos ambientales debe ir acompañada de mecanismos eficaces para garantizarlos. Por eso es clave contar con una justicia eficiente, con acceso real para las comunidades afectadas, procedimientos ágiles y jueces capacitados. También debemos fortalecer el rol de instituciones como la Defensoría del Pueblo, que puede ser un actor clave en estos procesos.

En Santa Fe, donde el agua, los humedales y la tierra fértil son clave para nuestra vida y nuestra economía, la corrupción ambiental no es un problema abstracto: tiene consecuencias directas. Combatir la corrupción ambiental no es solo una cuestión ética: la reforma también debe abordar este problema. Por eso, una Constitución moderna no sólo debe reconocer el derecho al ambiente sano, sino defender el territorio, la salud y el futuro de quienes vivimos acá.

Hoy tenemos la posibilidad de que Santa Fe se convierta en la más moderna de las Constituciones provinciales, capaz de abrir nuevas oportunidades y sentar las bases de un desarrollo sostenible, justo y equitativo. Hagamos de esta reforma un punto de partida para saldar deudas históricas y, sobre todo, para construir un futuro mejor para quienes estamos y para quienes vendrán.

Estamos frente a una oportunidad histórica. Y como toda oportunidad histórica, es también una decisión política. El momento de actuar es ahora.