El camino judicial de la explosión

La explosión del edificio de calle Salta 2141 activó todos los mecanismos estatales, entre ellos la Justicia, que tuvo una actuación ágil desde el primer momento. Ese trágico martes el juez Correccional de la 7ª Nominación, Juan Carlos Curto, ordenó tomar algunas declaraciones indagatorias con el fin de determinar la identidad del gasista y su ayudante. Horas después el responsable del trabajo, Carlos García fue ubicado y detenido mientras que su joven asistente, Pablo M., se presentó junto a un familiar en la seccional 7ª de Policía. Entre otras medidas dispuestas esa misma tarde, uniformados llegaron hasta la sede de Litoral Gas SA en pleno centro rosarino. Sirvieron de escolta a otros funcionarios judiciales que allanaron las oficinas de la ex Gas del Estado. Entre la documentación secuestrada los investigadores encontraron un reclamo por falta de presión de gas del edificio que horas antes sufrió la explosión. El mismo estaba programado para el 24 de julio. Ese día se suspendió el servicio y su reconección debía hacerse tres días después. El encargado de hacerlo era un gasista identificado como José Luis A., quien debía cambiar una pieza de la red. Otro dato que se obtuvo del análisis de los registros de Litoral Gas fue que la última vez que la empresa controló el lugar fue el 2 de agosto, es decir 4 días antes de la explosión.

El miércoles 7 de agosto, el gasista García y su auxiliar fueron imputados de estrago doloso agravado, delito que cuenta con una escala penal de uno a cinco años. En su descargo el matriculado habló “de lo obsoleto de la red de gas y que no tenía mantenimiento alguno”. Además, García hizo un recorrido por el trabajo que debía efectuar y cómo ocurrió la pérdida de gas cuando intentó realizar el venteo del caño. Según narró al magistrado, ese caudal de gas le pegó en el pecho y lo tiró hacia atrás, por lo que salió en busca de ayuda ya que la cuadrilla de Litoral Gas no le contestaba el teléfono. Por su parte, el ayudante afirmó que estaba afuera y sólo atinó a cortar el tránsito vehicular cuando percibió la pérdida de gas. Curto dispuso la declaración testimonial para el inspector Gerardo B., que el 24 de julio cortó el suministro del servicio. También tomó otra, esta vez informativa, a los dos inspectores, identificados como Guillermo O. y Luis C., que recompusieron el servicio de gas. Uno de ellos admitió que regresó el 2 de agosto a pedido de su jefe a constatar la cañería. La medida informativa alcanzó a la administradora del edificio, Mariela C., el portero Pedro Flores y el primer gasista que trabajó en la red entre el 24 y el 27 de julio, llamado José Luis A. El matriculado había sido recomendado por el portero y admitió que debió moldear una pieza que tenía que cambiar porque no había logrado conseguir repuesto debido a la antigüedad de la cañería.

Al día siguiente fue el turno de tres jerárquicos de la empresa: Conrado B., gerente general de Litoral Gas, José G., gerente de relaciones institucionales de la firma, y Viviana L., encargada del área técnica, quienes fueron citados a informativa para que aporten datos sobre el funcionamiento de la empresa, las condiciones respecto a la instalación, mantenimiento y control del servicio de gas, habilitación y prestación del servicio y capacitación de sus operadores. Aunque no fueron los únicos; también fue citado el jefe de mantenimiento de redes, que realizó una declaración informativa y brindó detalles para la causa. Fuentes judiciales indicaron que de sus dichos surgieron contradicciones con otras declaraciones de dependientes de la firma. También brindó testimonio el presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas de Rosario, Ángel Canteros Entre las últimas medidas que ordenó Curto antes de declararse incompetente, figuran un segundo allanamiento a Litoral Gas. Fue realizado por expertos en informática de Gendarmería Nacional que utilizaron un software de última generación. A su vez, pidió declaración al jefe de inspecciones domiciliarias Hugo L., quien admitió que el 1º de agosto el gasista estuvo en las instalaciones de la empresa.

El juez Curto entendió que la escala penal del delito requería la intervención de un magistrado de ese fuero por lo que se declaró incompetente. La causa cayó en manos del juez de Instrucción de la 9ª Nominación, Javier Beltramone. El 16 de agosto el expediente llegó a ese juzgado. La primera acción del juez Beltramone fue una inspección ocular en el lugar de la explosión y resolvió citar a indagatoria a dos inspectores de Litoral Gas y al primer gasista que manipuló la cañería entre el 24 y el 27 de julio. Dictó la nulidad de la declaración testimonial de otro de los inspectores de la firma –que cortó el gas el 24 de julio–. Estas medidas quedaron supeditadas al resultado de la pericia sobre la red de gas. A su vez le dio la libertad al gasista, que era el único de los imputados que quedaba detenido al entender que no existe peligrosidad procesal. El 2 de septiembre empezó el desfile de damnificados, deudos y testigos para dar su versión de los hechos en el juzgado.

Las pericias

Beltramone dictó que la pericia sobre las partes de la instalación de gas corra por cuenta de la empresa GIE, una consultora dedicada a la auditoria de gas y petróleo. El problema fue que uno de sus principales clientes es el grupo Techint, que a su vez tiene acciones en Litoral Gas. El juez indicó que la prueba no se comprometería, ya que Techint es sólo uno de los 46 clientes de la empresa de ingeniería. Esta decisión fue criticada por las partes. Los abogados del acusado indicaron que la empresa no podría ser objetiva por sus vínculos comerciales. El planteo fue acompañado por la fiscalía, que impugnó con el mismo argumento la elección del perito.

En tanto, cada parte presentó sus peritos. Se trata de dos profesionales por cada interesado entre los que se encuentran los ingenieros presentados por la fiscalía. Estos mismos profesionales se encargaron de peritar el juego la vuelta al mundo del Parque Independencia, donde días después de la explosión en calle Salta fallecieron dos hermanitas. Otros dos peritos fueron presentados por la defensa del gasista. Dos ingenieros representarán a Litoral Gas. Igual número de profesionales llegarán de Buenos Aires y velarán por los intereses del Enargas. Además, habrá cuatro peritos oficiales. Todos ellos realizaron una inspección ocular acompañados por el juez donde tomaron fotografías del lugar siniestrado. Tras varias discusiones hubo un entendimiento con todos los ingenieros para efectuar una parte esencial de la pericia en Rosario. La misma empezará el 16 de septiembre en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Allí se efectuará un acto irreproducible: el despiece de los elementos de la red de gas secuestrados, entre ellos, la válvula y el regulador. El juzgado cambiará la cerradura del taller y el juez en persona se hará cargo de la seguridad del lugar. Una vez cumplida esta etapa, la otra parte de la pericia se realizará en los laboratorios de la empresa y se estima que en 30 días podría haber un dictamen final.

El alcance y los responsables

Según la investigación, se estableció que la cañería de gas contaba con un caño de media presión, donde existe un codo que llamó la atención y una válvula que ingresa hasta el domicilio. En esa válvula de alta presión va conectado el regulador. Esta pieza tiene en su interior un bombín que a medida que se prenden los equipos de consumo se abre y cuando cesa el requerimiento se cierra. “La responsabilidad de Litoral Gas, conforme al marco regulatorio, se extiende hasta la válvula de seguridad. Mientras que el gasista matriculado puede tocar de la válvula hacia adelante y no hacia atrás, salvo que existan usos y costumbres, que también es materia de investigación, ya que aparentemente si era un gasista matriculado, iba a Litoral Gas, llenaba un formulario y le permitían tocar la llave”, explicó Beltramone. “El gasista fue a la empresa y la persona que lo atendió, que aún no fue citado a declarar, no le hizo llenar nada”,  completó. Según el juez, en los nuevos edificios todo lo referente a la instalación de gas se encuentra fuera de la construcción, en la vereda, con una puerta ventilada. Sin embargo, hay viejos edificios que tienen la instalación en pequeños halls al aire libre pero dentro del palier. “Este es el caso del edificio siniestrado y no hay normativa que obligue a sacar la instalación afuera”, sostuvo.