Un informe privado analizó las alternativas sobre la eventual aplicación de una de las promesas de campaña del ultraliberal Javier Milei. En los cálculos, su implementación demandaría una suba abrupta del tipo de cambio y lejos estaría de resolver la inercia inflacionaria
La irrupción del liberal-libertariano Javier Milei en la campaña electoral instaló en la agenda la posibilidad de dolarizar la economía argentina. Este camino implicaría, de movida, pensar en dos escenarios: en primer lugar, un plan que demanda una cantidad de dólares que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no tiene. En segundo lugar, obligaría al país a renunciar a la emisión de su propia moneda, acotando la capacidad de acción de la máxima autoridad monetaria.
Desde el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (Ceso) elaboraron un informe en el que analizaron las condiciones que debieran lograrse para implementar un régimen de dolarización en Argentina, sus implicancias en términos de política monetaria y si realmente es una solución para el problema inflacionario.
Dolarizar la economía significa dividir todo el circulante y los depósitos en pesos por los dólares de las reservas en manos del BCRA. Si bien estas rondan los u$s 36,5 MM, la mayor parte de ellas no podrían ser utilizadas para ser entregadas en forma de dólares a la población, ya que corresponden a líneas de crédito internacional.
Por tanto, la dolarización implementada con nuestras propias reservas implica defaultear las líneas de crédito del banco central, obteniendo de esa manera como máximo unos u$s 20.000M que sólo permitirían cubrir los billetes y monedas en circulación y la mitad de las cuentas a la vista del sector privado.
Teniendo en cuenta que dolarizar significa cambiar todos los pesos de la economía por los dólares con los que cuenta el Banco Central, la cantidad de reservas internacionales líquidas para poder implementarla a un tipo de cambio cercano al de los dólares financieros actuales –$450– varía entre u$s 9MM y u$s 50MM según se consideren únicamente el dinero circulante, también los depósitos a la vista o los depósitos a plazo fijo.
Si se descarta el default de las líneas de crédito del central, debería obtener un crédito internacional cuyo monto ronde entre los u$s 9.000 M y u$s 50.000 M, según su extensión de cobertura de depósitos y sin considerar las tenencias líquidas del sector público.
Algunos de los promotores de la dolarización hablan de un crédito de u$s 30.000 M obtenido mediante una garantía donde se depositen títulos públicos, acciones en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y las acciones del Estado de YPF.
Más allá del debate sobre los riesgos de poner en garantía la empresa estatal de petróleo y “la plata de los jubilados” para obtener dólares a repartir entre la población, queda la duda de la viabilidad de mediano plazo de semejante medida.
Cabe recordar que Argentina agotó su endeudamiento internacional con el sector privado y con los organismos financieros internacionales durante la gestión de Mauricio Macri. La inviabilidad de semejante endeudamiento forzó reestructurar la deuda con los privados y tomar un nuevo crédito con el FMI para pagar el anterior, durante las presidencias de Alberto Fernández.
El esquema de vencimientos obtenidos en ambas negociaciones luce aún inviable a mediano plazo, por lo que los bonos cotizan a valor de default. En semejantes condiciones, cualquier crédito obtenido internacionalmente será a tasas inviables que sumarán nuevas cargas al, ya de por sí, inviable actual esquema de vencimientos.
Descartado el acceso a crédito internacional en condiciones mínimamente viables, desde el Ceso consideraron que queda la opción de dolarizar con las escasas reservas netas disponibles. En esa situación, la dolarización debería hacerse a un tipo de cambio tan elevado que la economía sería impulsada a una hiperinflación.
La híper permitiría licuar los ingresos y ahorros de la población y forzar un brusco ajuste del gasto público real. De esa manera, sentaría las bases para implementar un esquema de dolarización que la experiencia internacional muestra más efectivo para combatir hiperinflaciones que inflaciones elevadas pero con fuertes componentes de puja distributiva e inerciales.
La hiperinflación puede justificar medidas extremas ante la sociedad, como el canje compulsivo de depósitos por bonos a largo plazo. Esa confiscación de los ahorristas sirve para disminuir el monto de activos en pesos a dolarizar y fue implementada en la antesala de la convertibilidad de finales del siglo pasado.
La convertibilidad implicó una paridad fija de uno a uno entre el dólar y el peso, y una emisión atada a la acumulación de dólares en el Banco Central. Ese experimento, reivindicado por Milei, es la experiencia más similar a su propuesta y se implementó tras una hiperinflación y haber realizado una confiscación de los depósitos en plazo fijo.
Por último, el informe explicó que dolarizar la economía implica una serie de pérdidas en los grados de libertad para hacer política económica que cualquier Estado-Nación moderno posee. La incapacidad de emitir moneda propia dejaría al sistema financiero muy vulnerable ante la posibilidad de una corrida bancaria o sobre los mercados de bonos, ya que el Banco Central perdería su poder de prestamista de última instancia (que depende de su capacidad de emitir moneda).
Téngase como antecedente la experiencia del “corralito” a finales de la convertibilidad, cuando los depósitos a plazo fijo fueron confiscados ya que el Banco Central no tenía los dólares para darles cobertura. Ese riesgo no se elimina con la dolarización, ya que el sistema bancario puede expandir el dinero denominado en dólares mediante el sistema de créditos y depósitos mucho más allá de las reservas que se encuentran en el Central o en los bancos.
También limitaría fuertemente la posibilidad de hacer políticas expansivas contracíclicas por parte del Estado, ya que sólo podrá gastar lo que recauda. Alcanza con imaginar lo que hubiera ocurrido durante la pandemia.
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