Un joven con discapacidad le exigió a la Justicia que lo escuchara y logró volver a la escuela

Mateo tenía 17 años cuando en un proceso judicial se ordenó el cambio de su trayectoria educativa de la escuela común a una institución de educación especial, sin haber sido escuchado ni consultado sobre lo que quería para su vida. La decisión del juez ignoraba que el adolescente había transitado más de 15 años la escuela común y a solo dos de recibir su título secundario, se le impuso un cambio que no solamente desconocía su recorrido, sino que también violaba sus derechos.

Frente a esta situación, con el apoyo legal de ACIJ y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, Mateo se presentó en el juicio para exigir que se revirtiera esa decisión.

En primer lugar, solicitó que se respetara su derecho a decidir sobre su propio proyecto de vida. Pese a tener 17 años, Mateo no había participado en el proceso judicial y se le había negado la designación de un abogado del niño por tener discapacidad, lo que había vulnerado su derecho a ser oído y a acceder a la justicia en condiciones de igualdad.

En segundo lugar, argumentó que la decisión judicial había sido contraria a su derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha disposición garantiza su derecho a no ser excluido del sistema general de educación. En tal sentido, sostuvo lo siguiente: “tengo claro que mi deseo no es solo un deseo, sino también un derecho, y que resulta inherente a mi persona, indisponible e irrenunciable (…) También que mi voluntad (…) está por encima de todo otro interés, sea el de mis padres o el del Poder Judicial…”.

Por esas razones, pidió una reunión con el juez a cargo de la causa para expresar sus opiniones con libertad. Allí, manifestó que su deseo era asistir a una escuela de la modalidad común, ya que —a diferencia de la especial— esta le permitiría obtener un título secundario y acceder a mejores oportunidades laborales.

Luego de la presentación escrita y de haber asistido presencialmente al juzgado, el juez reconoció su derecho a elegir, revirtiendo su propia decisión y ordenando la continuidad de su trayectoria escolar en una escuela secundaria general.

El problema que enfrentó Mateo es el de otras personas con discapacidad en nuestro país. Muchas de ellas se ven obligadas a transitar un sistema de justicia que las considera incapaces de decidir qué es lo mejor para sus vidas, y se enfrentan a nuevas vulneraciones de derechos en espacios que —paradójicamente— fueron creados para revertirlas. Sin embargo, la solución que alcanzó fue diferente: logró que el Poder Judicial entendiera la importancia de garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos que las afectan y de adecuar sus decisiones a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esperamos que esa solución sea la de muchas más personas.