El bufete de Garzón asumirá la defensa de Álex Saab, empresario colombo-venezolano detenido en Cabo Verde y acusado por Washington de actividades ilícitas como mineria ilegal y narcotráfico. Comenzó una batalla legal para evitar que sea extraditado a EE.UU.
El estudio de abogados del ex juez español Baltasar Garzón anunció este miércoles que se encargará de la defensa de Álex Saab, el empresario colombo-venezolano acusado de ser el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, para dar «una batalla política y jurídica».
«International Legal Office for Cooperation and Development (ILocad) ha asumido la coordinación del equipo internacional de defensa de Álex Saab, detenido en Cabo Verde y acusado de lavado de dinero por parte de Estados Unidos», informó el estudio jurídico en un comunicado.
El bufete de Garzón señaló que existen «claros indicios» de violación de derechos fundamentales por parte del gobierno estadounidense, así como «evidencias» de «malas prácticas» de las autoridades norteamericanas.
Entre las supuestas irregularidades, ILocad destacó una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales en caso de extradición a Estados Unidos.
«De ser extraditado a Estados Unidos, el señor Saab es susceptible de sufrir una situación de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, fruto de ser sometido a un proceso penal eminentemente político, por lo que se podrían producir daños a la integridad física y psíquica», precisó la nota citada por la agencia de noticias Europa Press.
Según denunció el despacho de abogados, muchas de las acciones judiciales en Estados Unidos están «condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo» y se están instrumentando para presionar a Venezuela en el plano político internacional.
Como ejemplo, ILocad mencionó a las sanciones extraterritoriales «contrarias al Derecho Internacional» y la imposición de restricciones económicas al país sudamericano.
«Consideramos que esta acción judicial responde a una persecución política de los intereses del Poder Ejecutivo en su lucha diplomática contra Venezuela», manifestó el estudio jurídico, que consideró que esta «batalla política y jurídica» se extiende también a otros países y personas.
Para garantizar los derechos de su cliente, ILocad dijo que acudirá a los diferentes organismos e instituciones competentes dependientes de Naciones Unidas y de la Unión Africana.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde durante una escala técnica que hizo el avión privado en el que viajaba a Irán en calidad de «agente» del gobierno de Maduro para realizar gestiones relacionadas con la obtención de alimentos e insumos médicos para combatir el coronavirus, según reconoció el Ministerio de Exteriores venezolano.
La oposición venezolana calificó al detenido como el encargado de gestionar el «dinero mal habido» del mandatario chavista, supuestamente obtenido de actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, y también como el «cerebro» de la denominada Operación Alacrán para arrebatar al opositor Juan Guaidó la Presidencia de la Asamblea Nacional (Parlamento).
En la actualidad, la defensa de Saab se encuentra inmersa en una batalla legal en Cabo Verde para impedir que el empresario colombo-venezolano sea extraditado a Estados Unidos.
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