El interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, entregó a la Justicia un informe que ratifica la trama de corrupción denunciada por el fiscal Picardi. La movida judicial, impulsada por el sector que responde a Santiago Caputo, pone contra las cuerdas a Diego Spagnuolo, el abogado personal del Presidente y hombre de confianza de la Secretaría General
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se convirtió este lunes en el epicentro de un terremoto político que sacude las bases de la Casa Rosada. Lo que comenzó como una investigación por irregularidades administrativas escaló a una causa judicial de proporciones sistémicas, tras la presentación de un informe técnico lapidario ante el juzgado de Ariel Lijo.
La auditoría, firmada por el interventor Alejandro Vilches, confirma una matriz de sobreprecios que, en casos extremos, alcanzó un 4.239% sobre el valor de mercado en insumos críticos como andadores y sillas de ruedas. Pero más allá de los números, el movimiento de Vilches —quien responde al ministro de Salud, Mario Lugones— es leído en los pasillos oficiales como una estocada directa de Santiago Caputo contra el entorno de Karina Milei.
El informe analizó más de 500 expedientes que comprometen un presupuesto total superior a los $18.000 millones. Entre los hallazgos más escandalosos que ahora analiza la justicia federal se destacan:
La investigación judicial, liderada por el fiscal Franco Picardi, apunta a la manipulación del sistema de contrataciones Siipfis. Según la denuncia, se utilizaba este software para simular competencia entre empresas que en realidad compartían directivos y sedes sociales, como las firmas Artrobone e Imnova.
La prueba central radica en el denominado «Grupo Museo», un chat de WhatsApp donde funcionarios y empresarios coordinaban quiénes serían los «invitados» a las licitaciones para asegurar el negocio. En este esquema aparece bajo la lupa Diego Spagnuolo, director de la agencia, amigo íntimo del presidente Javier Milei y cuadro político de Karina Milei, cuya situación judicial se complicó tras la difusión de audios que sugieren el pedido de retornos.
El trasfondo de la denuncia revela que el informe técnico no solo es una pieza judicial, sino un arma en la interna oficialista. Alejandro Vilches responde a Mario Lugones (padre de un socio de Santiago Caputo), marcando una ofensiva clara del asesor presidencial contra la estructura que maneja la Secretaría General de la Presidencia.
Mientras Gendarmería perita los teléfonos y la justicia avanza sobre los vínculos de proveedores como Osmar Caballi y Miguel Ángel Calvete, el gobierno se enfrenta a su propio «fuego amigo». En medio de la disputa, queda expuesta una maquinaria de desvío de fondos que, paradójicamente, vaciaba las arcas destinadas a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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