Las normas establecían la forma de regular y transparentar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad, y determinaba una serie de incompatibilidades para quienes están al frente del Organismo de Investigación, lugar que fue ocupado por el ministro Sain hasta que pasó a integrar el gobierno
El gobernador Omar Perotti vetó dos leyes sancionadas el mes pasado en la Legislatura, las que fueron interpretadas por el gobierno provincial como un ataque directo contra el ministro de Seguridad, Marcelo Sain.
Las normas aprobadas establecían la forma de regular y transparentar los gastos reservados de ese Ministerio, y determinaba una serie de incompatibilidades para quienes están al frente del Organismo de Investigación (OI), lugar que era ocupado por Sain, hasta que pasó a integrar el gobierno Perotti.
La aprobación de las leyes, conocidas como «anti Sain» desató duras controversias políticas en la provincia. Las mismas se votaron sobre tablas, en tiempo récord, y sin debate. Las sanciones se lograron por el respaldo del Frente Progresista y del grupo de senadores justicialistas que conduce Armando Traferri. Por eso, la movida legislativa hizo «tambalear» otra vez la interna peronista.
En el mensaje del gobernador Perotti dirigido a la Legislatura, expresa: “Se remite a vuestra consideración el adjunto Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia por el que se dispone vetar totalmente el proyecto de ley sancionado y registrado con el número 14.013, que regula la rendición de cuentas de gastos reservados o especiales, a los cuales se define como aquellos destinados exclusivamente para solventar gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se encuentran vinculados con la preservación de la vida o integridad físicas de personas relacionadas con dicha investigación”.
Por otra parte, en otro mensaje, Perotti veta totalmente el proyecto de Ley sancionado y registrado con el número 14.016, el cual modifica el régimen de incompatibilidades de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del Organismo de Investigaciones.
Ahora será la Legislatura la que deba aceptar o no los vetos del mandatario provincial y con ello ratificar o dar de baja ambas leyes aprobadas días atrás. Resta saber si el tratamiento de ambos proyectos se harán en las sesiones extraordinarias.
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