El gobierno decretó que los espías ya no podrán trabajar con la Justicia

Tal como había anticipado en su discurso en la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández confirmó que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 52/19 dispondrá la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia y la derogación del Decreto N° 656 del 6 de mayo de 2016, entre otras cuestiones.

A partir de este jueves, «ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal».

Esto significa el fin de los espías como auxiliares de los jueces, algo que era muy común, sobre todo, en los tribunales federales de Comodoro Py. La medida busca «limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia».

Fue publicada en el Decreto 214/2020 del Boletín Oficial, en donde el Presidente hizo una contundente crítica a su antecesor, Mauricio Macri, y afirma que el decreto derogado del 2016 implicaba «un retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional». Además, se garantizó que esta modificación busca «promover avances respecto de la protección de derechos constitucionales y convencionales de los habitantes de la Nación, el resguardo del Estado de Derecho y el principio republicano de gobierno consagrados en la Constitución Nacional».

«El Decreto Nº 52/19 resaltó la imperiosa necesidad de realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional en pos de restablecer y fortalecer los principios democráticos y de publicidad que deben regir la materia», se detalla en la publicación.

Para justificar la firma del DNU, Alberto Fernández explicó que «la necesidad y la urgencia en la adopción de la presente medida, en atención a la gravedad de la situación de la que dan cuenta los argumentos expresados, hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes».