La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso de queja para que se revise la vigencia de la cautelar. Desde el oficialismo sostienen que eso significa que no hay medidas vigentes que les hagan cumplir lo dispuesto judicialmente
Un nuevo episodio de los incumplimientos del Gobierno Nacional a la ley de financiamiento universitario comenzó hoy, luego de un fallo que el propio oficialismo celebró y consideró clave en su estrategia.
Esta mañana, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal consideró que debía discutirse (o sea, concederle la apelación) sobre la vigencia de la cautelar sobre el financiamiento universitario.
Cabe aclarar que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 no solo resolvió ya sobre el fondo de la cuestión (al considerar que el decreto que dictó Javier Milei para no cumplir con la ley sancionada por el Congreso era inconstitucional), sino que también dictó una cautelar (que se encontraba firme tras una intervención de la Corte Suprema) para que se cumpla con lo estipulado en la normativa.
Al apelar la decisión de fondo, el Gobierno consideró que ya no debía estar vigente la cautelar. El juez concedió la apelación para que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revise la decisión judicial, pero sostuvo que eso no incluía revisar la vigencia de la cautelar. Contra esa decisión, el oficialismo presentó un recurso de queja.
En concreto, los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán analizaron lo presentado por el Ministerio de Capital Humano e hicieron lugar al recurso de queja; es decir, consideraron que se debe revisar el tema de la cautelar.
Si bien consideraron que la apelación es «formalmente procedente», se ocuparon de aclarar que su decisión no significa «adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar dispuesta en autos». Lo que sí estipularon los cuatro camaristas es que denegarle la apelación era «susceptible de generarle un gravamen irreparable».
Por supuesto, dentro de la maraña judicial y técnica que todo esto implica, el Gobierno gana tiempo y maneja su estrategia para seguir sosteniendo lo que hizo hasta ahora: el incumplimiento de la ley.
Fuente: Data Clave
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