El salvataje es lo que asoma como salida para la gran agroexportadora tumbada por sus propios dueños. Varios grandes jugadores globales están interesados. El tradicional grupo de corretajes con sede en Rosario hace punta con su propuesta en sociedad con la multinacional
El Grupo Grassi, centrado en el corretaje de granos, con sede en Rosario y con una historia que se remonta al siglo XIX, selló un acuerdo con la multinacional Cargill para quedarse con el control de Vicentin, la agroexportadora nacida en el norte santafesino enviada al default por sus propios dueños.
Fracasados los intentos de acuerdos con los acreedores, un universo que abarca desde productores y acopios locales hasta bancos del exterior, la salida es el llamado cram down o salvataje. Grassi venía impulsando esa alternativa desde hace tiempo.
Las versiones sobre el acuerdo con Cargill apuntan a que Grassi quedaría a cargo de la provisión de granos acorde a su trayectoria. Y junto a la multinacional, necesaria por su espalda, de las operaciones de procesamiento para los subproductos y de la exportación.
La alianza no está sola. Otro jugador de peso que pretende quedarse con los activos de Vicentin es la lider en agronegocios Bunge, cuyo capítulo argentino tiene como mayores accionistas a las familias Hirsch y Born. En este caso, con una propuesta acordada con ex directivos de la firma nacida en la ciudad de Avellaneda. Ya son socios en la planta Renova de Timbúes, con capacidad para procesar 30 mil toneladas de soja al día.
Otro que tercia es Louis Dreyfus Company, en sociedad con Molinos Agro de la familia Pérez Companc.
Vicentin se desplomó en 2019 y dejó una deuda mil millonaria en dólares con acreedores de distintos tamaños y en diferentes sectores, desde el productivo al financiero. Solo la deuda quirografaria elaborada durante el complejo proceso del concurso asciende a 1.300 millones de la moneda estadounidense.
Los activos de Vicentin son codiciados. Además de la planta de Renova, tiene una terminal portuaria y una planta de procesamiento de girasol, entre otras instalaciones. Sin embargo, muchas de ellas están con serios problemas de mantenimiento por falta de flujo. Incluso, en materia de seguridad laboral, lo que ya generó fuertes reclamos del gremio aceitero.
De acuerdo con los números presentados ante el juez de la causa, Fabián Lorenzini, de Reconquista, Vicentin exhibía al 30 de abril pasado activos por 522 millones de dólares. Pero sus pasivos ascienden a 1.275 millones. La cuenta es fácil: arrastra un quebranto de 752 millones de dólares.
Cualquiera de los interesados, por ley, necesita el aval de más de la mitad de los acreedores, que expliquen al menos dos tercios del pasivo, para que un juez concursal homologue sus propuestas para quedarse con el conglomerado santafesino. Y no hay mucho tiempo para ello: hasta fines de octubre.
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