Detenciones arbitrarias, apremios, vejaciones, trato cruel, extorsión, robo, lesiones, hostigamiento, amenazas, abuso de autoridad y allanamientos ilegales, son algunos de los hechos denunciados por organizaciones sociales de Rosario. El diputado Del Frade pidió informes al gobierno.
El Frente Social y Popular pidió informes al Ejecutivo provincial sobre casi 40 episodios de abuso policial registrados en Rosario desde la última semana de marzo hasta los primeros días de mayo, en paralelo al aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno nacional.
En su pedido de informes, el diputado Carlos del Frade le pregunta a las autoridades provinciales qué criterio adoptaron para investigar los hechos denunciados por organizaciones sociales y territoriales y por el Servicio Público de la Defensa Penal.
Al pedido de informes, Del Frade le adjuntó una planilla anexa donde constan 39 hechos cometidos contra vecinos de los barrios más humildes, entre detenciones arbitrarias, apremios ilegales, vejaciones, trato cruel, represión ilegal, extorsión, robo, lesiones, hostigamiento, amenazas, abuso de autoridad y allanamientos ilegales.
Los hechos fueron denunciados en algunos casos por Servicio Público de la Defensa Penal y en otros por organizaciones sociales como La Poderosa, Puentes, Causa, la Fundación el Sol sale para Todos, Ciudad Futura, la concejala Susana Rueda, el bloque de concejales de Ciudad Futura y la Asociación Permanente por los Derechos Humanos.
Según consta en la planilla elaborada por el equipo del diputado Del Frade, los hechos ocurrieron entre el 21 de marzo y el 1º de mayo en los siguientes barrios de la ciudad de Rosario: Los Pumitas, Empalme Graneros, Centro, Ludueña, Fonavi Parque Oeste, la Sexta, Las Flores, Nuevo Alberdi, Godoy, Fontanarrosa, Tablada y en la zona de la Terminal de Ómnibus.
En todos los casos, se identificó como responsables a agentes de la Policía provincial –del Comando Radioeléctrico y la Policía Motorizada– aunque en algunos hechos también se denunció la participación de la Gendarmería en los abusos policiales.
La mayoría de los casos se dieron en barrios humildes o en la periferia de la ciudad, donde habitan los trabajadores informales que, a pesar de la cuarentena, se vieron obligados a salir a la calle para buscar sustento. Ellos fueron las principales víctimas de los abusos de las fuerzas de seguridad.
En su pedido de informes, el diputado Del Frade le pregunta al Ejecutivo por las intervenciones de las fuerzas policiales “en las que distintos organismos de Rosario denunciaron más de 30 hechos de violencia institucional”.
Y requiere al Ministerio de Seguridad que indique si ha instruido a las fuerzas policiales a “respetar los derechos humanos de los ciudadanos en el marco de las intervenciones desplegadas, especialmente a partir del establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio” vigente desde el 20 de marzo.
Además, el diputado del Frente Social y Popular quiere saber si el Ministerio a cargo de Marcelo Saín tomó conocimiento de las denuncias y pide “que las autoridades indiquen las medidas investigativas que adoptaron para deslindar responsabilidades y que, de ser así, se den a conocer los resultados parciales que lograron hasta el momento”.
“Desde el establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en fecha 20 de marzo, hemos tornado conocimiento de más de una treintena de hechos que dan cuenta de actuaciones violentas y abusivas por parte de las fuerzas de seguridad provinciales y evidencian flagrantes violaciones a los derechos humanos”, agrega Del Frade en los fundamentos de su pedido de informes.
“Entendemos que desde la recuperación de la democracia ha habido muy pocos avances en cuanto a la internalización por parte de las diversas fuerzas de seguridad provinciales y nacionales de las normas que obligan a los agentes a respetar los derechos humanos de las/os ciudadanas/os”.
“A contrapelo de lo que propugnan quienes se enrolan en ideologías vinculadas al populismo punitivo, solo fuerzas de seguridad apegadas a los derechos humanos y alejadas de conductas ilícitas pueden contribuir a la tan anhelada paz de la población, siendo elocuente en ese sentido el llamado Acuerdo para la Seguridad Democrática suscripto oportunamente por numerosas fuerzas políticas. Es insoslayable, por tanto, el deber institucional y político de instruir a las fuerzas de seguridad en el respeto por los derechos humanos”, concluyó el diputado del Frente Social y Popular.
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