El ministro de Seguridad pidió la renuncia del subjefe de la Policía de Santa Fe

A raíz de la causa judicial producto de la investigación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, por presuntos manejos irregulares de fondos para la reparación de vehículos policiales que data de 2019, en la que están involucrados varios policías, la Agencia de Control Policial llevó adelante allanamientos, otras medidas procesales y preventivamente el pase a disponibilidad de los policías.

En consecuencia, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, solicitó la renuncia al subjefe de policía de la provincia Director General Ariel Zancocchia, que fuera nombrado en septiembre de 2020.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la causa se originó a raíz de una inspección de la ACP en instalaciones de la base Comando Rampa Norte, mejor conocida como Taller Tarragona, de calle Tarragona 790 bis entre Juan José Paso y La República.

Esa inspección fue el 4 de febrero de 2020; los investigadores de la ACP observaron “irregularidades manifiestas en los automotores que se encontraban dentro del predio, con notable descuido de los móviles, falta de conservación y control de autopartes, y contradicciones en el registro de los estados de los mismos”, indicaron voceros judiciales.

Según el MPA, los móviles desguazados y las piezas estaban a la intemperie; en el taller había vehículos que no pertenecían al Comando Radioeléctrico sino a otras dependencias policiales y autos de particulares.

Con ese panorama “comenzó investigación de la posible comisión de un delito penal por parte del personal de dicha dependencia”, señalaron.

Otra fuente judicial sostuvo que “(los uniformados sospechados) recibían los patrulleros y vendían los repuestos. A los vehículos destrozados les compraban repuestos nuevos que después revendían”.

Entre las irregularidades también se detectaron automóviles que requerían reparaciones menores pero por los cuales se adquirían varias piezas y autopartes, que luego presuntamente eran revendidas a particulares.

Además, de acuerdo con la pesquisa, se registraban cargas de combustibles de patrulleros que estaban parados en el taller aguardando ser reparados y arreglos de vehículos particulares que no pertenecían a la fuerza.

Esas pequeñas irregularidades “son millonarias cuando se las toma a todas juntas”, dijo a la agencia Télam una fuente oficial.

Voceros judiciales indicaron que en los próximos días, luego de un análisis de la documentación y equipos electrónicos secuestrados, los fiscales solicitarían las imputaciones de algunos de los involucrados en los hechos. Las mismas fuentes señalaron que los delitos que se investigan son estafas, cohecho y peculado, aunque también podrían acusarse a los miembros de la organización por asociación ilícita.