El frente judicial y político en torno a la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el escenario del intempestivo perfil soberanista del Gobierno libertario sumó ruido institucional. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) formalizó una denuncia penal que recayó en el juzgado federal que subroga Ariel Lijo. La presentación pide investigar a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y otros funcionarios clave del área como Eduardo Chirillo y Daniel Veller, por el controvertido otorgamiento de esos extraordinarios beneficios fiscales y aduaneros a la petrolera de capitales británicos Harbour Energy.
La acusación pide indagar si se violó la legislación nacional vigente. En especial, la Ley 26.659 que prohíbe operar en territorio argentino a las empresas o sucesoras legales que hayan realizado actividades hidrocarburíferas inconsultas en la plataforma continental argentina sin la autorización del Estado. En particular, en el área circundante a las Islas Malvinas.
Según los antecedentes del caso, Harbour Energy, continuadora bajo otro nombre de Premier Oil y vinculada a través de su participación en el consorcio Southern Energy para proyectos de gas natural licuado en la Patagonia, arrastraba sanciones e inhabilitaciones comerciales previas heredadas de su estructura corporativa anterior.
La presentación judicial sostiene que los funcionarios involucrados omitieron o pasaron por alto estas prohibiciones explícitas al momento de aprobar los avales del RIGI.
La denuncia fue asignada por sorteo el 29 de septiembre y tramita bajo el expediente CFP 4810/2026. La presentación menciona, entre otros delitos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. La causa permanece bajo reserva y todavía se encuentra en una etapa inicial.
Había información
Premier Oil fue sancionada y condenada por el Estado argentino hace 13 años por explotar ilegalmente yacimientos petrolíferos al norte de Malvinas. Es la misma Harbour Energy que el Gobierno de Javier Milei benefició con la habilitación de cinco grandes negocios de hidrocarburos en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. Y con el RIGI para la exportación de GNL.
En 2013, por la Resolución 481 de la Secretaría de Energía, Premier Oil PLC (luego Harbour Energy PLC) fue inhabilitada por 15 años para realizar cualquier tipo de actividad hidrocarburífera o comercial en Argentina bajo la Ley 26.659, impulsada por el fallecido Pino Solanas.
Milei prometió endurecer esa norma durante una Cadena Nacional en la que buscó subirse a la ola malvinera despertada nuevamente durante el Mundial de Fútbol, pero el Gobierno que encabeza nunca la aplicó.
En septiembre de 2024, la misma Premier Oil compró los activos globales de la alemana Wintershell DEA por más de 11 mil millones de dólares. Y eso incluyó los de Argentina. En diciembre de ese año, Milei firmó el decreto 1147/2024 por el que incrementó las concesiones hidrocarburíferas de esa firma.
El mismo diciembre de 2024, ahora como Harbour Energy PLC, Premier Oil ingresó en la sociedad Southern Energy SA que desarrolla el proyecto de exportación de GNL que fue incorporado al RIGI en abril de 2025 mediante la Resolución 559/2025.
