Trabajo sexual y femicidios en Rosario: “Sin derechos ni reconocimiento, la vulnerabilidad es total”

Por Martina Varela / Especial para El Ciudadano

En las últimas semanas, los femicidios de Débora Bordón y Bárbara Aragón conmocionaron a Rosario, tanto como los otros 18 crímenes de género que se cometieron este año. En diálogo con El Ciudadano, Myriam Auyeros, referenta histórica de Ammar, denuncia la inacción de la Justicia y las fuerzas de seguridad, revela los detalles de la precarización en la ciudad y exige el reconocimiento de derechos laborales de las trabajadoras sexuales para evitar que se sigan perdiendo vidas.

El mapa de la violencia machista en Rosario sumó en las últimas semanas dos nombres que duelen en el corazón del movimiento de mujeres y de las trabajadoras sexuales: Débora Bordón (31) y Bárbara Aragón (26). A ambos femicidios se suma un hecho reciente ocurrido en la zona de Lima y 3 de Febrero, donde una trabajadora sexual logró llamar al 911 tras sufrir la agresión de un integrante de Gendarmería en un servicio a domicilio, quien terminó quitándose la vida ante la llegada del móvil policial. Tres hechos que exponen un patrón común: la absoluta vulnerabilidad a la que se ven expuestas por la clandestinidad y la falta de respuesta estatal preventiva.

En el caso de Bárbara Aragón, la inacción inicial de las fuerzas de seguridad obligó a su propia familia y entorno a encabezar la búsqueda. «La madre se presentó en la Fiscalía acompañada por nosotras y no la atendieron; recién la recibieron días después para prestar declaración», denuncia Myriam Auyeros, dirigenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) en Rosario.

La reconstrucción que lograron hacer las propias compañeras a través de las redes social fue determinante: un remisero reconoció la foto de Bárbara e indicó la dirección a la que la había trasladado. Cuando la familia ingresó al lugar, el desenlace ya era trágico.

Las primeras informaciones apuntan a un ex policía de Reconquista —exonerado por causas vinculadas con el narcotráfico y con condena previa— como el principal sospechoso. «Si no fuera por el remisero y la desesperación de la familia, no la encontraban. La inoperancia policial y la demora en tomar las denuncias son constantes», sostiene Auyeros.

La trampa de la clandestinidad y la crisis

A diferencia del trabajo en la vía pública, tanto Débora como Bárbara se desempeñaban en la modalidad de departamentos privados y servicios a domicilio, contactadas a través de plataformas digitales. No estaban organizadas en el sindicato, una realidad que refleja la dispersión y el aislamiento al que la crisis económica empuja a muchas jóvenes en la ciudad.

«Nuestra actividad no está reconocida y eso hace que quedemos tapadas, sin apoyo de nadie. La clandestinidad es lo que nos mata», afirma la referenta de Ammar, quien a sus 63 años combina la militancia con un puesto en una feria popular.

«Hoy la mayoría de las chicas son jefas de familia con tres a cinco hijos a cargo. La falta de trabajo y el aumento de los alquileres las obliga a salir a hacer domicilios, expuestas a cualquier situación, porque los clientes en los hoteles ya no consumen o pagan miseria. En la desesperación por llenar la olla, se aceptan riesgos enormes», describe.

Auyeros remarca que la brecha social se profundizó con el desmantelamiento de herramientas públicas de asistencia: «Nos fueron sacando secretarías, subsidios de emergencia para alquileres y áreas de atención a la violencia. Las compañeras más pobres terminan en situación de calle o en comedores comunitarios. Cuando decimos que somos trabajadoras sexuales se nos cierran todas las puertas».

Entre el hostigamiento y la exigencia de derechos

Aunque la legislación vigente prohíbe que la policía detengan a personas por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual, Auyeros señala que la presencia de uniformados en el territorio mantiene una lógica de hostigamiento sistemático: «Siguen dando vueltas, pidiendo documentos veinte veces a las chicas de la zona de la Terminal o cruzando el patrullero para ahuyentar la actividad. Pero cuando hay una emergencia o una compañera desaparece, no están».

Frente a la convocatoria en las puertas del Centro de Justicia Penal para acompañar a las familias en las audiencias imputativas, desde Ammar ratifican que la exigencia de fondo trasciende el castigo individual a los agresores.

«Pedimos derechos laborales y ser reconocidas como trabajadoras. Queremos salud, vivienda y educación para nuestros hijos, y una jubilación o resarcimiento para las compañeras más grandes que llevan décadas trabajando en la ruta o en la calle sin nada. Débora dejó cinco hijos; Bárbara dejó mellicitos de 6 años. Detrás de cada una hay una madre que sale a laburar para darles de comer. Necesitamos que la Justicia se mueva rápido y que el Estado deje de darnos la espalda», concluye Auyeros.