A menos de un año de las elecciones de 2027, la Legislatura santafesina tiene sobre la mesa seis proyectos de reforma electoral que buscan unificar en un solo código la dispersa normativa vigente. Pero el debate, lejos de ser técnico, expone las grietas entre el oficialismo y sus aliados, y las denuncias de sectores de la oposición que ven en los nuevos umbrales una amenaza a su propia existencia. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro garantiza que promulgará “la ley que salga”, los espacios más chicos ya hablan de un intento de “proscribir a las minorías”.
La UCR propone un proyecto que unifica toda la legislación electoral y reduce drásticamente la cantidad de boletas: dos en lugar de cinco para la elección general (una para cargos provinciales y otra para municipales). También fija un piso del 5% del padrón para acceder al reparto de bancas legislativas. El senador radical Felipe Michlig, presidente provisional del Senado, defiende la propuesta: “Estamos haciendo una propuesta” y recordó que la reforma constitucional se sancionó con el 75% de consenso, criticando a quienes “a priori decían barbaridades”.
El Partido Socialista, en cambio, mantiene el esquema actual de cinco boletas separadas por categoría y propone un piso del 3% para acceder a las bancas. Socio mayor del oficialismo, el PS no quiere tocar el esquema actual de la Boleta Única y considera que cada fuerza política debe aportar su visión, destacando la necesidad de construir acuerdos para una legislación que regirá durante muchos años.
El peronismo se movió en dos frentes. En el Senado, los peronistas presentaron un proyecto de 279 artículos con un piso del 5% para acceder a las bancas. En Diputados, el sector cercano al ex gobernador Omar Perotti presentó otro proyecto de 92 páginas que establece un piso del 3,5% del padrón electoral -más bajo que el de sus pares senadores- y mantiene el 1,5% para acceder a la elección general. Ambas iniciativas sostienen las Paso y el sistema de cinco boletas. El peronismo reclama “acuerdos amplios y transparentes” para la reforma.
El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) presentó su propio proyecto que plantea mantener el esquema actual de cinco boletas, eliminar los umbrales mínimos para acceder al reparto de bancas y reforzar los controles sobre el financiamiento de campañas. El diputado Carlos del Frade cuestionó con dureza el rumbo político e institucional de Santa Fe y sostuvo que un eventual acuerdo entre los partidos mayoritarios dejaría sin representación a espacios como el FAS. Desde el espacio consideran que elevar el piso al 5% es una maniobra para construir un “Partido Único Santafesino”.
El partido UNO, que es parte del oficialismo provincial, ingresó su propia iniciativa para adecuar la normativa a la nueva Constitución y simplificar el proceso de votación.
Amalia Granata, por su parte, adelantó que participará activamente del debate aunque su espacio no presentó un proyecto propio. Rechaza la unificación de boletas y el establecimiento de un piso elevado para acceder a una banca legislativa, y propone que, en caso de fijarse un umbral, este sea del 3% de los votos válidos emitidos y no sobre el total del padrón. Su posición coincide con la del FAS en este punto.
El pulso dentro de Unidos
La principal disputa no es entre oficialismo y oposición, sino dentro de la propia coalición gobernante. Mientras la UCR impulsa dos boletas y un piso del 5% para acceder a las bancas, el socialismo defiende cinco boletas y un piso del 3%. Los legisladores de Unidos vislumbran que deberán negociar un punto intermedio, que podría decantar en el uso de tres boletas.
Michlig reconoció que dentro de Unidos existen planteos que deben consensuar debido a las distintas visiones, y remarcó que “no hay que tener temor a la confrontación de ideas”. El senador radical argumentó que el cambio normativo busca dotar de mayor transparencia institucional al sistema santafesino y superar estructuras arcaicas.
El socialista Rubén Galassi, por su parte, aseguró que “hay un amplio consenso” para que todos los proyectos confluyan en una única iniciativa que pueda ser sancionada durante agosto. Pero el consenso se empieza a resquebrajar cuando se tocan los números: el piso electoral y la cantidad de boletas siguen siendo los puntos más calientes.
“Voy a promulgar la ley que salga”
Maximiliano Pullaro fijó su postura de manera contundente: descartó recurrir a un veto si la norma resulta diferente a la que impulsa el oficialismo. “Voy a promulgar la ley que salga de la Legislatura, como lo he hecho con todas las leyes”, afirmó el mandatario, que recordó que durante su gestión siempre respetó la división de poderes.
Pullaro también se distanció del debate nacional: “En la provincia de Santa Fe hay cinco proyectos que se están evaluando, ninguno plantea la derogación de las PASO”, algo que sí impulsa el gobierno de Javier Milei para los comicios presidenciales. De hecho, el gobernador se reunió esta semana con el jefe de Gabinete Diego Santilli en Casa Rosada para sumar apoyos a la reforma electoral que el Poder Ejecutivo aspira a tratar en agosto.
La voz de las minorías
El FAS no es el único que ve con preocupación los nuevos umbrales. Amalia Granata también rechazó los cambios impulsados por los partidos mayoritarios. Desde su espacio consideran que una exigencia elevada podría perjudicar la representación de las fuerzas políticas más pequeñas y limitar la participación democrática.
El diputado Carlos del Frade fue más lejos: cuestionó el rumbo político e institucional de Santa Fe y sostuvo que un eventual acuerdo entre sectores del peronismo, el socialismo, el radicalismo y el PRO dejaría sin representación a espacios como el FAS. El FAS ya había solicitado una audiencia con Pullaro para evitar medidas que tildan de “proscriptivas”.
Incluso dentro del peronismo hay voces críticas. El senador peronista Armando Traferri, autor del proyecto en el Senado, defiende un piso más alto que el de sus propios compañeros de bloque en Diputados, lo que evidencia que la discusión también atraviesa a la oposición.
El debate obligatorio, propuesta del socialismo
Una de las innovaciones del proyecto presentado por el Partido Socialista es la obligatoriedad de los debates electorales públicos previos a las elecciones generales para las categorías de gobernador e intendente en los municipios de más de 20.000 habitantes. La iniciativa establece que el debate estará a cargo del Juez Electoral Provincial, quien determinará la sede, la fecha, el formato y las reglas de participación, y podrá encomendar la organización técnica a universidades públicas o entidades de reconocida trayectoria. Los ejes temáticos se definirán mediante un mecanismo de participación ciudadana abierto y vinculante, y la transmisión será en vivo, de acceso libre y gratuito, con medidas de accesibilidad como subtitulado e intérprete de Lengua de Señas Argentina.
La ausencia injustificada del candidato o la candidata no afectará la validez del proceso, pero será sancionada con multas y la pérdida de espacios de publicidad electoral. Se trata de una apuesta del socialismo por dotar de mayor transparencia al proceso y promover un voto informado, en línea con su tradición reformista, aunque la medida aún no cuenta con el respaldo explícito de la UCR ni del peronismo.
Partidos y financiación
En el capítulo partidario, hay consenso entre los proyectos en la afiliación libre, los libros contables y la elección democrática de autoridades, aunque el peronismo de Diputados introduce una cláusula antiborocoteo que ata la banca al partido (debe renunciar al escaño si se aleja del partido tras la elección). En materia de financiamiento, UCR y Socialismo coinciden en el Fondo Partidario Permanente, la prohibición de aportes anónimos o de concesionarias de servicios públicos y la exigencia de cuenta bancaria única con rendición certificada; el PS suma topes individuales de 15 JUS por persona y establece que el 20% de los fondos debe destinarse a capacitación de afiliados. El FAS, por su parte, reclama controles más estrictos sobre el origen de los recursos.
La justicia electoral en la mira
Otro de los puntos de mayor divergencia entre los proyectos es la estructura de la autoridad electoral. Mientras la UCR propone un Tribunal Electoral compuesto por tres jueces del fuero Contencioso Administrativo, con una Cámara Electoral de Apelaciones como instancia revisora, el socialismo opta por un Juez Electoral Provincial unipersonal, con sede en la capital, designado por sorteo entre los jueces de ese fuero y con un mandato de siete años no renovable. El peronismo, por su parte, presentó su propia propuesta en el Senado: un tribunal integrado por un juez electoral provincial -con mandato de ocho años y posibilidad de una reelección consecutiva por cuatro años más, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa- junto a un vocal de Cámara de Santa Fe y otro de Rosario, uno del fuero contencioso administrativo y otro del fuero penal. El modelo colegiado del radicalismo busca mayor deliberación y control cruzado; el juez único del socialismo apuesta por la celeridad y la especialización; y la propuesta peronista intenta un equilibrio con un juez permanente y vocales rotativos. La definición final será clave, ya que de ella dependerá el perfil de la justicia electoral santafesina para los próximos años.
Lo que viene: el cronograma y los posibles escenarios
La reforma no responde a una decisión política aislada, sino a una obligación derivada de la nueva Constitución provincial, sancionada en 2025. El nuevo texto incorporó el sistema D’Hondt para la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, en reemplazo del mecanismo anterior que garantizaba automáticamente 28 de los 50 escaños a la fuerza más votada. Ese cambio obliga ahora a adecuar la legislación electoral y convierte al piso electoral en una variable clave.
El objetivo es que todos los proyectos confluyan en una única iniciativa que pueda ser sancionada durante agosto. El oficialismo ya trazó una hoja de ruta y se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las reuniones bilaterales para acercar posiciones.
Referentes de Unidos afirmaron que buscarán un consenso que supere las fronteras del oficialismo, tomando como ejemplo la reciente experiencia constituyente provincial, donde lograron aprobar normativas con un 75% de los votos. Pero el desafío es mayúsculo: siete proyectos, posiciones encontradas dentro del oficialismo y una oposición que ya advierte que los nuevos umbrales pueden dejarla fuera del juego.
El debate recién comienza, y el resultado definirá no solo las reglas del juego electoral, sino también el mapa de fuerzas que competirá con chances en las urnas de 2027.
