El grupo que desde hace cuatro meses protestaba contra la reforma constitucional del ex gobernador jujeño Gerardo Morales tenía contratado un micro para regresar este sábado a su provincia. A la mañana, hubo un innecesario operativo policial acompañado de alardes "antipiquetes"
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó en la madrugada de este sábado un operativo de desalojo de los integrantes del Tercer Malón de la Paz, quienes ya habían anunciado que la misma jornada podrían fin al acampe sostenido desde hace cuatro meses en la porteña Plaza Lavalle, frente a los Tribunales, en rechazo a la reforma constitucional de Jujuy impulsada por el exgobernador Gerardo Morales.
«En la Ciudad asumimos un compromiso con los vecinos: ordenar el espacio público para que puedan volver a disfrutarlo. No da lo mismo avasallar los derechos de otros que apostar a una convivencia respetuosa. Vamos a seguir por este camino del orden», sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un comunicado de prensa difundido poco después del despliegue de seguridad.
El texto afirma que las autoridades porteñas «desalojaron esta mañana pacíficamente la «ranchada» ubicada en la Plaza Lavalle donde decenas de personas ocupaban ilegalmente el espacio público». Integrantes del Tercer Malón aclararon que el desalojo se produjo a las 6 de la mañana por parte de efectivos de la Policía porteña, pero sin necesidad: habían anunciado que el mismo día iban a levantar el acampe para volver a la provincia de Jujuy.
«Vinieron a demostrar que nos echaban, pero ya estaba definido que nos íbamos hoy. Vinieron para presionar. Entró la Infantería a tomar posesión de la plaza y nos dijeron que no podíamos estar ahí», explicó el integrante del Tercer Malón Desiderio Olmos. Incluso ya habían contratado un micro para regresar a Jujuy.
«Retornamos a Jujuy porque necesitamos volver a nuestras casas en un contexto donde esa reforma se sigue legitimando por lo cual insistimos en que se declare su nulidad», agregó Olmos.
Un informe de la Comisión de Análisis sobre Violación de los Derechos Humanos en Jujuy, que fue creada para recopilar denuncias sobre los casos de violencia institucional que se sucedieron en la provincia durante las protestas que se originaron a raíz de la promulgación de la Constitución, fue «lapidario en materia de criminalización de la protesta y muestra la ilegalidad de la reforma» que impulsó Morales.
El Gobierno porteño argumentó que la protesta se transformó en «un asentamiento precario» que «generaba malestar a los vecinos y transeúntes».
El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, aseguró que están trabajando para «fortalecer el orden en el espacio público» y que la prioridad es «cuidar a todos los porteños».
«Hoy lo hicimos posible a partir de trabajo articulado y con una firme convicción de trabajar para que la Ciudad tenga orden: Eso es lo que nos pidió el Jefe de Gobierno y así lo estamos instrumentando”, sobredimensionó el funcionario mediante un comunicado.
También exagerado, el secretario de Seguridad y jefe de Policía, Diego Kravetz, agregó que «gracias al gran profesionalismo de la Policía de la Ciudad» se había logrado «liberar el espacio público que estaba tomado hace más de cuatro meses» y que ello fue «por orden y decisión política».
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