Empezó un nuevo juicio que investiga crímenes de la última dictadura en Rosario

Este martes 29 de septiembre, en el Tribunal Oral Federal (TOF1) de Rosario empezó un nuevo juicio que investiga delitos cometidos durante la última dictadura militar que hubo en Argentina entre 1976 y 1983.

Es una causa tan grande, la más grande en relación a cantidad de víctimas en la región, que tuvo que dividirse varias veces. Fue el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se hizo en la ciudad, en 2010, y ya tuvo cuatro elevaciones. Lleva el nombre Feced por el apellido del jefe de policía de Santa Fe durante aquella época. Agustín Feced falleció en 1986, nunca llegó a ser juzgado.

Esta quinta elevación investigará el accionar de cinco acusados contra cinco víctimas. Cuatro de los victimarios ya tienen condenas anteriores.

Se investigarán los delitos de secuestros y torturas cometidos entre el 76 y 77, los peores años del genocidio en Argentina cuya etapa más cruenta se extendió hasta 1979.

Cuatro acusados ya fueron condenados: José Scortechini, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Lucio César Nast y Mario “el cura” Marcote. Hay algo singular, es la primera vez en Rosario que se juzga a un integrante de los Centros de Operaciones Tácticas (COT). En este caso el excoronel Roberto Galuppo.

En un comunicado de prensa publicado este domingo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) explicó en detalle de qué se trataban estos grupos COT: “Eran los que agrupaban a representantes de los órganos del estado mayor que estuvieran afectados a las operaciones tácticas y de apoyo táctico que se estuvieran desarrollando. 

En la práctica este apoyo se llevaba adelante por un lado especificándole al representante del Comandante el tipo de apoyo requerido, los blancos, la oportunidad (hora) para abatir cada blanco, los resultados que se deseaban obtener y las consideraciones sobre la seguridad de la tropa”.

Es decir, era un fuerte trabajo de inteligencia sobre quienes se convertirían en sus víctimas.

Además, detallaron, los COT trabajaban en la coordinación de “las operaciones conjuntas, es decir cuando había actuaciones de fuerzas militares de distintas armas y/o en conjunto con fuerzas policiales federales o provinciales.  Así la identificación de las personas a secuestrar y el destino de ellas eran definidos en última instancia por autoridades que tenían una posición de mando respecto del personal que se desempeñaba en los distintos centros clandestinos de detención”.