En tres meses, Mendoza aplicará la castración química

El Gobierno de Mendoza anunció que en un plazo de dos a tres meses comenzará a aplicar el tratamiento farmacológico para reducir el impulso en los condenados por delitos de índole sexual, en el marco del proceso para implementar la llamada «castración química» voluntaria.
El tratamiento se pondrá en funcionamiento una vez que finalice la capacitación de los profesionales para el abordaje integral de esta problemática, dijeron fuentes gubernamentales.
El ministro de Gobierno, Mario Adaro, explicó que la castración química o tratamiento farmacológico es uno de los puntos del Programa Provincial para la Prevención de la Reincidencia de Autores de Delitos de Índole Sexual.
Al mismo tiempo aclaró que, en ese marco, el gobernador Celso Jaque firmó el 3 de marzo un decreto referido al indulto y conmutación de penas y que además elevó a la Legislatura el proyecto de seguimiento satelital de los condenados que reciban ese beneficio cuando recuperen la libertad.
En paralelo, el gobierno recordó que está en estudio un proyecto de modificación del Código Procesal Penal. La llamada «castración química» busca implementar una metodología de abordaje integral que incluye tratamiento psicológico y farmacológico para condenados por delitos de índole sexual.
Además, Adaro recordó que las acciones se hacen en el marco de un comité científico y que el gobernador Celso Jaque instruyó también al Ministerio de Salud para que, junto al ministerio de Gobierno, se avance en distintas temáticas.
En ese contexto destacó que este año el programa cuenta con presupuesto para la adquisición de fármacos que funcionan como inhibidores.
«La semana que viene el gobernador junto con los legisladores nacionales por Mendoza del justicialismo elevarán un proyecto de modificación del Código Penal que prevé modificaciones fundamentales», como la transformación del «delito contra la integridad sexual cuando esté involucrado un menor en instancia pública», dijo el funcionario.
En ese sentido, dijo que el Gobierno buscará «que el delito comience a cumplir su prescripción a partir de que el menor adquiere la mayoría de edad o la capacidad plena de comprender el delito, fundamentalmente cuando se trata de violencia intrafamiliar».