“Es un chiste lo de los inhibidores”: ex titular del Servicio Penitenciario se defiende de insólita imputación por avance narco

*Por Luciana Mangó y Daniel Zecca

La ex interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, hizo un descargo público tras ser procesada por el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, acusada de no haber impedido que los líderes narcos se comunicaran desde las cárceles durante su gestión.

En una entrevista con el stream El Ciudadano Política, la ex funcionaria judicial esgrimió su defensa, calificó de “chiste” la exigencia legal sobre los inhibidores de señal y apuntó contra los fiscales de la Procunar por lo que considera una persecución judicial selectiva. 

—En 2020, con el gobierno de Alberto Fernández, fuiste designada al frente del Servicio Penitenciario Federal, primero como interventora y luego como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios.

—Me nombraron subsecretaria de Asuntos Penitenciarios en la pandemia. La situación dentro de los penales fue gravísima, porque estábamos aislados y allí no era posible cumplirlo. Así que el contagio era muy fácil. Además, el personal penitenciario, que era indispensable, se iba a su casa y volvía a trabajar todos los días con lo que la probabilidad de contagio era altísima. No había vacunas, tratamientos, ni suficientes respiradores. Fue dramático. En ese momento, en la unidad de Devoto, a donde los medios llegan enseguida porque está en medio de la ciudad de Buenos Aires, hubo un motín que terminó con la muerte de dos personas. Además, el juez federal de Lomas de Zamora, que tenía jurisdicción en el penal de Ezeiza, allanó el área de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, procesó a toda la dirección y al director. El nombramiento de subsecretaria vino acompañado con una intervención, hasta tanto se pudiera normalizar la situación porque el subsecretario no tiene firma ni autoridad para tomar las decisiones urgentes que había que tomar en esa emergencia en la que estaba el Servicio Penitenciario.

—En octubre de este año fuiste procesada por el juez federal Carlos Vera Barros por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al considerarte responsable de no haber impedido que los líderes de las organizaciones criminales narco siguieran comunicándose desde la cárcel con sus bandas. 

—Yo integré por 42 años el Poder Judicial de la Nación y durante 25 años fui jueza penal. Si hubiera creído que estaba cometiendo un delito, hubiera actuado de otra manera. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Ellos dicen que yo no controlaba que no ingresaran celulares a las unidades penitenciarias. La verdad es que era imposible para mí controlar eso. Pero además, ninguno de los hallazgos a los que ellos hacen mención se produjo cuando yo era interventora, porque durante la pandemia no hubo visitas. Así que no había posibilidad de que alguien trajera celulares para las personas que estaban detenidas porque la visita estaba suspendida. Se pusieron computadoras en los penales para que los detenidos pudieran mantener relación con sus abogados y con sus familias, y todas las computadoras las manejaba el Servicio Penitenciario. Dicen que igual hablaban por los teléfonos de los pabellones con sus familiares, porque hay un artículo de la ley de ejecución que dice que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a mantener comunicación con sus familiares. Entonces, en todos los pabellones hay teléfonos públicos que se accionan con tarjetas telefónicas. La ley también dice que esa comunicación no puede ser intervenida por el Servicio Penitenciario, porque es privada. Lo dice nuestra Constitución. Solamente con orden de un juez se puede intervenir porque estar privado de libertad no lo priva del derecho a la privacidad en sus relaciones familiares y en las relaciones con su abogado. Entonces, probablemente en los teléfonos directos habrán hablado, pero sin orden judicial, el Servicio Penitenciario no puede intervenir.

—En la causa también Vera Barros sostiene que no se habrían arbitrado los medios para instalar inhibidores de señal en las unidades del Servicio Penitenciario Federal…  

—Eso es un chiste, porque está en una modificación que hicieron de la ley en el año 2017, donde en un rengloncito decía “poner inhibidores en las cárceles”. Desde entonces no hay inhibidores en las cárceles. Pusieron uno en Piñero y lo tuvieron que sacar porque el aparato inhibía los teléfonos celulares de todo el barrio. Ahora instalaron otro que es un poco más controlable. En Ezeiza colocaron un bloqueador de señal que bloquea el chip. Entonces, le han bloqueado los celulares a los defensores que fueron a ver a sus clientes. En el resto de las unidades, que están en todo el país y en todas las unidades de los servicios penitenciarios provinciales, no hay aparatos como esos. Si fuera tan fácil, los bancos tendrían inhibidores, pero no los tienen porque no pueden controlar el radio en que afecta el inhibidor. Además, hay que importarlos y son carísimos. Se trata de cumplir. Nosotros hicimos todo el esfuerzo y mi antecesor, que era Juan Bautista Mahiques en el gobierno del presidente Macri, y que fue subdirector de Asuntos Penitenciarios, trajo un montón de inhibidores, pero no los pudieron ingresar porque, según la legislación, Aduana los tenía que autorizar y nunca lo hizo porque había una resolución del Ministerio de Salud que decía que podían afectar el funcionamiento cerebral y había algunas características técnicas que los aparatos no cumplían. Así que no ingresaron y recientemente los destruyeron.

—¿Qué suponés que hay detrás del procesamiento? 

—A mí me llama la atención que solo se ocupen de si hubo inhibidores durante mi gestión, porque, por ejemplo, el director del Servicio no puso inhibidores en Marcos Paz, tampoco han puesto en la nueva Marcos Paz, donde están llevando a la gente que están desalojando de Devoto. No hay inhibidores en Chaco ni en Salta; son todas unidades del Servicio Penitenciario Federal y son complejos grandes también. En Rawson, donde hay presos de máxima seguridad, tampoco hay inhibidores. Esa selección me llama la atención. Por otro lado, se equivocan porque durante el momento en que yo fui interventora nada de esto pasaba, según las fechas que ellos mismos aportan en sus propios dictámenes. No aportaron pruebas cuando me llamaron a indagatoria.

—Si fuera como lo estás explicando, debería haber otros directores también procesados… y, sin embargo, sos la única.

—Sí.

—¿Sospechás algún tipo de persecución política?

—No creo que sea una cuestión tan política. No he visto que estos fiscales, que son de la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad), hayan salido en los diarios por alguna otra causa importante, ni de Rosario ni del resto del país en este momento. Esta causa, que es menor y que es fácilmente rebatible, porque están los documentos del momento, ya salió tres veces en el diario.

—¿Cómo sigue la causa? 

—Mi abogada planteó la nulidad de la indagatoria en su momento, la nulidad del procesamiento basado en una indagatoria que todavía no sabemos si van a anular. Finalmente le tocará a la Cámara de Apelaciones resolver sobre eso y después veremos cómo sigue la historia. 

—Este procesamiento no es sentencia… 

—Exacto. Al juez lo convencen los fiscales, porque en realidad lo que hay en el expediente son dictámenes de fiscales que dicen: «Nosotros sostenemos tal cosa». Por ejemplo, secuestraron en el año 2022 -yo ya no estaba en ese año- un celular en la celda de un detenido. Eso pasa; le pasa a los servicios provinciales, le pasa al Servicio Penitenciario Federal. También la gente comete homicidios y no por eso el secretario de Seguridad o el ministro de Justicia es procesado por incumplimiento. Las normas están para ser cumplidas; la gente no las cumple. Durante mi gestión, cuando se secuestraba -que de hecho secuestraron alguna vez alguna cosa-, los agentes federales eran remitidos a disposición de los jueces federales. Se labraba un sumario administrativo, como cada vez que alguien hace algo mal en un trabajo, y eso se ponía en conocimiento del juez federal. Después, si los jueces federales de Morón, que era Marcos Paz, o de Lomas de Zamora, que le tocaba Ezeiza, seguían adelante o no, yo no lo sé, porque es imposible saberlo.

—Habías pedido en su momento que se apartaran a los fiscales…

—Sí, porque además no estamos hablando de gente que no se conoce. Hay una cierta continuidad en la gestión. No pueden decir: en esta gestión y durante estos meses vamos a ocuparnos de esto y no nos vamos a ocupar de lo que pasó al mes siguiente. Eso no puede ser. Es una desigualdad ante la ley.

Me dijeron que no, como recusación, no como arbitrariedad, así que todavía lo puedo seguir planteando. Si soy culpable es de haber cumplido la ley, de haber permitido que hablaran por teléfono público. Es cierto que a lo mejor ellos hubieran querido que yo espiara a los presos, pero justamente por esa razón procesaron a toda la planta mayor de la división de Inteligencia.