En la audiencia imputativa que siguió por zoom, Marcelo Sain declaró que el gobernador Omar Perotti «siempre estuvo al tanto de todo» y defendió su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. «No voy a hacer ninguna alocución a las cuestiones técnicas y penales, pese a que estoy muy tentado. Esto lo vamos a dejar para la defensa posterior, a partir de nuestro abogado defensor», aclaró el ex ministro provincial y ex director del Organismo de Investigaciones.
Sain envió un mensaje al advertir que no estaba dispuesto a «aportar audios privados con el gobernador». E insinuó que «de eso se encargan ustedes y la prensa aliada». No obstante señaló que en la asamblea legislativa del 11 de diciembre de 2019, cuando asumió el gobernador Perotti, dejó en claro que «debía haber una clara línea que divida a las instituciones estatales y la legalidad de un lado, y el mundo delictivo por el otro».
Aseveró Sain que «recibimos directivas expresas», y que todo lo actuado, además de estar encuadrado en la ley, formaba parte de una «estrategia política de control de la criminalidad, que es la primera vez que hubo en Santa Fe». Para tal fin, consideró necesario establecer e indagar presuntos vínculos. «Producir algo básico, que es el análisis de información». Y agregó que en su mayor parte «se elaboró sobre la base de datos de acceso público».
Hernán Martínez, abogado de Sain, cuestionó «la falta de rigor» de la imputación y adelantó que va a recurrir la acusación por espionaje. Sin embargo, el extenso listado de personalidades «espiadas» divulgada por los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, incluye entre otros al diputado provincial Maximiliano Pullaro (querellante en la causa), los dirigentes políticos Pablo Coccocioni y Ana Viglione, y el titular de UPCN Jorge Molina.
También le realizaron tareas de inteligencia al ex funcionario provincial Jorge Lagna (luego designado ministro de Seguridad) y al ex subsecretario de Asuntos Penitenciarios Héctor «Pirucho» Acuña, y a ex jefes policiales. Lo mismo que a una amplia nómina de políticos con los casos emblemáticos de Omar Perotti y el ex gobernador Antonio Bonfatti.
En uno de los hechos atribuidos a Sain, los fiscales refirieron que «invocando una decisión del gobernador”, dictó a
sabiendas una orden contraria al derecho al instruir a Paula Di Domenico, Maximiliano Bertolotti, Alberto Mongia, German Montenegro, Débora Cotichini, Pablo Álvarez, Mariana Olivieri y Nadia Schujman que obtengan información del fiscal regional Diego Fernando Vigo y otros fiscales de Circunscripción Judicial Nº 5 y de su actuación funcional.
Por ello -continúa la acusación- encomendó a las personas referidas «juntar antecedentes» para «meterle una denuncia por mal desempeño ante Vranicich, la parte de control funcional de los fiscales, para asustar no importa si prolifera o no, a Diego… a los fiscales de Rafaela”, procurando de esa manera influir en la situación institucional del MPA y el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.
Entre otros datos, siempre según la investigación fiscal, los imputados también recopilaron información migratoria de Jorge Lagna, Jorge Andrés Fernández, Joaquín Chiavassa, Ignacio Astesiano, Andrés Lorenzo Rolandelli, Luciana Ghiberto, Osvaldo Aymo, Lautaro Sapietro, Sebastián Trucco, Fernando Villares y Nicolás Zurcher. Todo ello se realizó utilizando el acceso a la base de datos de Migraciones a nombre de Débora Cotichini, sin que medie solicitud o requerimiento de autoridad judicial alguna.