Rubens Correa, Raúl Brambilla, Guillermo Parodi, Marcelo Allasino y Gustavo Uano expresaron públicamente su "firme oposición a la derogación de la Ley 24.800, según lo propone el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo", que determinaría su desaparición
Los ex directores Ejecutivos del Instituto Nacional del Teatro (INT) Rubens Correa, Raúl Brambilla, Guillermo Parodi, Marcelo Allasino y Gustavo Uano expresaron públicamente en las últimas horas su «firme oposición a la derogación de la Ley 24.800, según lo propone el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo», que lleva consigo el cierre del organismo dado que esa ley de 1997 es la que le dio origen.
Los cinco directores que tuvo el INT nombrados por distintos gobiernos, Uano durante la presidencia de Alberto Fernández, Allasino en el gobierno de Mauricio Macri, Rubens Correa en el gobierno de Fernando de la Rúa, por ejemplo, señalaron que «a pesar de haber mantenido posiciones divergentes y diferencias de criterios en nuestras gestiones, respaldamos de manera unánime y categórica el pedido de las comunidades teatrales y culturales de nuestro país, las cuales solicitan la continuidad de las políticas públicas emanadas por el Instituto Nacional del Teatro (INT)».
En una carta pública emitida este miércoles los ex funcionarios remarcan que el INT «ha sido una herramienta crucial para el fomento, sustento y desarrollo de nuestras artes escénicas en todo el territorio nacional. Sus múltiples logros son la demostración de la potencia de las políticas de Estado, sostenidas a lo largo de gobiernos de distintos signos políticos, y se han transformado en un faro de referencia para toda la región iberoamericana».
Correa, Brambilla, Parodi, Allasino y Uano destacaron además que «la actividad teatral independiente requiere la presencia imprescindible de este organismo descentralizado, que funciona con un carácter federal, colegiado, y con aportes genuinos».
Y señalaron que «la derogación de la Ley 24.800 implicaría una afrenta al espíritu democrático y colectivo que la gestó, y que llevó décadas de discusiones y consensos para lograrla; conllevaría al desfinanciamiento y la parálisis de numerosos proyectos, espacios, salas, circuitos y festivales, así como la destrucción de miles de fuentes de trabajo, marcando el camino hacia la extinción del teatro independiente en muchas provincias».
«Querer eliminar al Instituto Nacional del Teatro constituye un ataque injustificado a la Cultura Nacional, a nuestra identidad y al desarrollo descentralizado que el teatro independiente ha construido», destacan los firmantes que sostienen finamemente: «Pedimos a nuestros legisladores que no lo permitan».
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