Tres convictos y tres mujeres fueron imputados este lunes por aprietes planificados desde prisión. Según el fiscal Socca, ofrecían "protección" a cambio de dinero bajo amenazas de balaceras. Les dieron dos años de prisión preventiva
La Fiscalía acusó a tres internos de la cárcel de Coronda de haber organizado y planificado extorsiones telefónicas ofreciendo “protección” a cambio de no balear comercios o viviendas ante la negativa de pago. Otras tres mujeres que se encontraban en libertad fueron imputadas y quedaron detenidas por su presunta colaboración en esos hechos, que en su gran mayoría no llegaron a concretarse.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), entre diciembre y febrero pasado hubo unas 20 tentativas de extorsiones telefónicas destinadas “a comerciantes y ciudadanos de Rosario y otras localidades” planificadas por tres jóvenes detenidos en la Unidad Penitenciara de Coronda.
El objetivo de esos llamados, según el fiscal Pablo Socca, era la exigencia de un pago de dinero en efectivo en concepto de “protección” bajo amenazas de tener “control territorial” y poder de fuego para realizar balaceras contra locales comerciales, gastronómicos o viviendas de las víctimas.
La acusación recayó sobre Miguel Ángel R., Esteban Emanuel M. y Emanuel Patricio F., todos alojados en la Unidad 1 de Coronda, y otras tres mujeres que se encontraban en libertad y quedaron detenidas por el plazo de dos años: Agustina L., Laura V. y María Laura M.
Durante la audiencia imputativa realizada este lunes, el fiscal Socca le adjudicó a Miguel R. dos hechos de extorsión consumados y otros 20 en grado de tentativa.
En tanto, a Esteban M. le achacó tres de esos intentos que no se concretaron y a Emanuel F. uno de los que se llevaron adelante y otro de los que no se consumaron.
También acusó a las tres mujeres por uno de los hechos que se concretó y aclaró que no se podría haber llevado adelante el plan desde prisión sin el aporte indispensable de “familiares, parejas y otros allegados” que les achacó a las mujeres que se encontraban en libertad. Según la teoría acusatoria, ellas eran las encargadas de cobrar el dinero exigido, ya sea personalmente o por transferencias bancarias.
La jueza Trinidad Chiabrera aceptó la calificación penal que utilizó el fiscal Socca e hizo lugar al pedido de prisión preventiva por el plazo máximo de ley que es de dos años de cárcel para todos los imputados.
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