Gendarmería detuvo en la mañana de este jueves a otros cuatro integrantes de la organización que según la Justicia Federal de Rosario y la Afip proveyó de facturas falsas a más de 6.500 empresas para una millonaria evasión impositiva.
Ya son diez los arrestados en el marco de la causa, de los cuales seis ya fueron indagados por el juez Carlos Vera Barros. Se trata de Marcos R, Atilio M.y Fabian T., este último escribano, los tres eran indagados. También apresaron a Guillermina S, pero recién mañana deberá comparecer en Tribunales. De todos modos no se descartan más detenciones en las próximas horas, ya que según fuentes de la causa, continuaban los operativos.
Las cuarto personas fueron alojadas en una dependencia de Gendarmería Nacional a la espera de la declaración indagatoria que se hará en el Juzgado Federal de Rosario Nº 3, a cargo de Carlos Vera Barros.
El pasado martes se presentó a indagatoria Ricardo Astudillo, un comerciante de 47 años que es considera por la Justicia Federal como uno de los cabecillas de la organización. Le adjudican ser «el coordinador y administrador de los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la creación de empresas y comercialización de las facturas por ella emitidas».
El 5 de julio, efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal detuvieron a cinco personas investigadas por liderar una asociación ilícita dedicada a la venta de facturas truchas con un desfalco de 2.500 millones de pesos en impuestos, más intereses y multas. Las detenciones se hicieron en el marco de 31 allanamientos ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros en edificios y oficinas de distintos puntos de la ciudad. En los domicilios se encontraron importantes sumas de dinero en efectivo y cheques por numerosos montos. Según fuentes de la investigación, la organización funcionaba en Rosario y Buenos Aires desde 2015. Estaba integrada por cerca de 80 personas entre escribanos, contadores, informáticos, administrativos y vendedores. Vera Barros dispuso la inhibición de los bienes de los acusados y ordenó la restricción de salida del país. Las facturas se vendieron a más de 6.500 empresas de todo el país, de las que 2.200 son de Rosario y la región. Al menos unas 110 firmas pueden ir a juicio ya que los montos evadidos se consideran como delitos penales.
La investigación se inició cuando la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la Afip detectó la emisión de facturas de distintos rubros desde una misma computadora.
A su vez, cada una de esas facturas se emitieron luego desde otros dispositivos. Los movimientos alarmaron a los agentes, que se encontraron con empresas sin empleados ni patrimonio que tenían como socios y directores a personas insolventes.
Estas empresas resultaron ser parte de una asociación ilícita dedicada a la venta de facturas truchas en todo el país. La maniobra resultó en una deuda al Estado de 2.500 millones de pesos, sin contar los intereses y las multas.
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